El 26 de abril
saldrán a la calle las Mareas Verde, Blanca, Roja y Naranja. Cada una por sus
reivindicaciones y objetivos, que comparten en común: la defensa de lo público,
el rechazo de los recortes y la exigencia de recuperar los derechos arrebatados
y la inversión que fortalezca servicios fundamentales para la ciudadanía.
La Marea Verde reclamará la paralización de las agresiones que está recibiendo la
educación pública madrileña y la derogación de la LOMCE. Con la excusa de la
crisis los recortes ascienden en toda España a 6.400 millones de euros desde
2010 y han supuesto el despido de 35.000 profesores, mientras que el alumnado
ha seguido aumentando. Se han endurecido las condiciones de trabajo del
profesorado, ha aumentado la ratio de alumnos por aula, han suprimido programas
de atención a la diversidad, becas de todo tipo, etc.
En la Comunidad
de Madrid los ataques a la pública continúan y se potencia la privada
concertada. Recientemente la consejera anunciaba en un congreso de escuelas
católicas que se doblarían los recursos para este sector privado y confesional:
parcelas y aumento de los conciertos intolerable desde el punto de vista del
interés general. Por otro lado, siguen los ajustes con el cierre del cupo para
niños de 3 años y de aulas de ESO y Bachillerato en los centros públicos y la
negativa a construir otros nuevos centros en áreas de desarrollo.
La LOMCE es una amenaza para la
escuela pública. Busca la privatización y la segregación clasista
que se produce por varias vías: los itinerarios tempranos y la disminución de
la comprensividad para todos, la derivación a la FP Básica, las reválidas, la
especialización de los centros para que compitan entre sí, etc. La filosofía de
la ley conduce a un aumento del fracaso escolar y a peores resultados en las
pruebas internacionales.
En la
Universidad se pretende una reforma que supondría el cierre de centros y
grados, subida de tasas, despidos, introducción de criterios mercantilistas,
falta de democracia y supresión de becas: la política de Wert hace que estudien
los ricos en vez de los mejores y los que quieren estudiar.
La Marea Blanca
de la Sanidad pública denunciará las privatizaciones y
la reducción de la inversión. España es uno de los países desarrollados que más
ha recortado desde 2009. La inversión en salud por habitante ya se encuentra
por debajo de la media de la OCDE y el gasto medio por habitante es de 3.072
euros, lejos de los 3.339 euros de media de la OCDE. El empleo también se ha
reducido en 55.000 trabajadores sanitarios menos que hace cuatro años.
Tras la
victoria por la paralización cautelar de las privatizaciones de seis hospitales
y de veintisiete centros de salud que pretendía la Consejería de Sanidad de
Madrid, la lucha sigue. Porque continúa el cierre de camas hospitalarias, el despido
de personal sanitario, el aumento de las listas de espera, las unidades de
gestión clínica y las derivaciones a centros privados, como otras formas de
deteriorar el servicio público y de privatizarlo.
La reforma
sanitaria de Rajoy, con el real decreto 16/2012, convierte a los
ciudadanos de beneficiarios en asegurados. Todo ello repercute en pérdida de la
universalidad, exclusiones y perjuicios a los usuarios y una menor calidad del
servicio. Las ONGs alertan de que los recortes se notan especialmente en la
atención sanitaria a las personas inmigrantes, que ahora se excluyen si no
están regularizados. También pierden la tarjeta los parados españoles que
residan en el extranjero 90 días al año. Estamos hablando de unas 800.000
personas excluidas. Y está el copago farmacéutico que hace que los pensionistas
tengan dificultades de acceso a las medicinas. Como dice Médicos del Mundo,
“la reforma sanitaria vulnera el principio de universalidad del Sistema
Nacional de Salud y ha profundizado las brechas de inequidad territorial entre
unas comunidades autónomas y otras”
La Marea Roja denunciará que en los últimos cinco años los recortes acumulados de la
inversión en I+D+i llegan a un 40%. España solo destina a ciencia el 0.52 % del
PIB, cuatro veces menos que la media Europea. La investigación se orienta al
servicio de los intereses empresariales y el 60% de los fondos de los PGE son
créditos para las empresas. Es un modelo de investigación caracterizado por la
ausencia de apoyo estatal, en la que el sector privado aporta el capital para
la contratación de personal y aprovisionamiento de infraestructura. Esto
supone, la pérdida de libertad en criterios científicos a la hora de orientar
la investigación, el sacrificio de la necesaria investigación básica y la
emigración o reconversión al sector privado de muchos de los investigadores.
Todo esto ha
llevado a una situación de emergencia en la ciencia española: el CSIC al borde
del colapso en varias ocasiones en los últimos dos años, despidos en centros
como el Príncipe de Asturias de Valencia o el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas, y cientos de investigadores con años de
experiencia a su espalda abandonado el país en un auténtico exilio científico.
Precariedad y despidos: los recortes se han llevado por
delante a 2.761 investigadores en Madrid.
La Marea
Naranja defiende los servicios sociales y el Estado de
Bienestar frente a los recortes, las privatizaciones y los cambios normativos
que tienden a empequeñecerlo. Servicios como la teleasistencia, la ayuda a
domicilio, proyectos para adolescentes y familias o ayudas a la mujer son
algunos de los primeros en suprimirse por culpa de la falta de financiación.
Se considera
imprescindible un sistema público de servicios sociales que asegure una atención
integral y de calidad para la ciudadanía. La defensa de la intervención social
como una inversión social y económica, que genera cohesión social y empleo.
Exigen que no haya más recortes, pero sobre todo defienden la universalidad, la
igualdad y la proximidad de los servicios a la ciudadanía. Sin servicios
sociales no hay justicia social y ésta se basa en el reconocimiento de los
servicios sociales como un derecho subjetivo y justiciable del ciudadano, no
como una acción de beneficencia.
En resumen, todas
las mareas rechazarán las agresiones y mostrarán su determinación para seguir
movilizándose en la calle y en los centros para defender los derechos sociales
y laborales y contra los recortes y el desmantelamiento de los servicios
públicos fundamentales. Denunciarán también que el gobierno de Rajoy comete el
profundo error de considerar los servicios públicos un gasto y no una
inversión. Es tremendo ver como no falta financiación para sanear la banca,
cubrir los agujeros de las autopistas, socializar las pérdidas de las grandes
empresas y no hay recursos para las inversiones de futuro más rentables de un
país. Porque como dice el lema de la manifestación: sin educación no hay
ciencia, sin ciencia no hay sanidad, sin educación, ciencia y sanidad no hay servicios
sociales. Y sin todo ello, no hay futuro. Sería deseable que, para cambiar las
cosas, la ciudadanía convirtiera las próximas urnas en un plebiscito contra los
recortes.
