El pasado 14 de noviembre el grupo parlamentario de Izquierda Unida –Los Verdes de la Comunidad de Madrid presentó en la Asamblea, la cámara parlamentaria de dicha comunidad autónoma, la Ley de Derechos Vitales Básicos. Dicha proposición, a la que el PP con su mayoría absoluta se encargó de cerrarle el paso, representa un ambicioso esfuerzo que incluye un conjunto de medidas para mejorar de manera inmediata la situación de pobreza que viven un número creciente de ciudadanos. Una pobreza que ya alcanza, según el índice AROPE, al 19,6% de los madrileños.
La
Ley de Derechos Vitales Básicos (LDVB) hubiera significado el establecimiento
de una renta social garantizada, así como el acceso a derechos básicos como el
agua, los alimentos, la energía, la vivienda o el transporte, que irían más
allá de la población que actualmente se beneficia de la Renta Mínima de
Inserción (RMI).
La
Ley, que consta de 36 artículos, se acompaña de una memoria económica la cual
indica cómo obtener los 2.971 millones de euros necesarios para ponerla en
marcha. Tal financiación se puede resumir en un incremento de la recaudación
fiscal de la Comunidad por una vía sencilla: terminar con los enormes regalos
impositivos de los que hoy disfrutan el 3,5% del conjunto de los declarantes,
es decir, los muy, muy ricos.
Una rápida radiografía de Madrid
A
tenor de los datos de su propio gobierno, la Comunidad de Madrid (1) es la más
rica de España. Su PIB por habitante (según el Instituto Nacional de
Estadística) es de 29.731€, el 135% del promedio de la UE. Además, Madrid
genera 1 de cada 5€ de actividad económica española. La Comunidad alberga la
capital del Estado y ello, que conlleva sus servidumbres, constituye a la vez
una ventaja en aspectos tan básicos e importantes como comunicaciones, acceso
al capital y a las inversiones, o formación de su población. Por último, Madrid
no tiene un territorio muy extenso, ni grandes dificultades de acceso por su
orografía, y cuenta con una población de cinco millones seiscientos mil
habitantes. En consecuencia, la Comunidad de Madrid reuniría todas las
condiciones para ser un territorio en el que la pobreza no existiera, y no como
está sucediendo, un lugar donde no deja de incrementarse (2).
Las
razones de este aumento se hallan mucho más ligadas a las líneas políticas
seguidas durante más de tres lustros por los gobiernos del Partido Popular,
incluidas las desarrolladas en época de crecimiento de la economía, que a la
propia crisis en la que nos encontramos inmersos.
Desde
el inicio de la recesión, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la mayoría de
los ayuntamientos de la región, han profundizado una política que aplica una
supuesta austeridad y que nos es otra que rebajar impuestos a lo más ricos,
reducir el salario y número de los empleados públicos, y transferir la mayoría
de los servicios públicos al sector privado para así, teóricamente, “sanear la
economía” (3). Seis años después del comienzo de la crisis, a las cifras de pobreza antes reseñadas, hay que sumar
80 desahucios diarios y más de 655 mil personas en el desempleo, de las
cuales más de 300 mil ya no tienen prestación económica alguna.
Por
otra parte, se está produciendo un continuo incremento de las tarifas de
servicios básicos universales e imprescindibles como la electricidad, el agua o
el transporte que están poniendo en grave peligro su acceso para un importante
número de familias. A su vez, la política de privatizaciones está provocando un
caos en la atención sanitaria, un alargamiento enorme de las listas de espera,
así como un desaprovechamiento de los recursos e inversiones realizados con
anterioridad. En los centros de estudio, la masificación en las aulas sigue
creciendo; 1 de cada 2 familias ha renunciado a
una plaza en una escuela de Educación Infantil por no poderla pagar; 110 mil
niños y niñas se han quedado sin beca de comedor y varios miles van mal
alimentados diariamente al colegio; más de 300 mil alumnos han perdido las
ayudas para la compra de libros de texto y material escolar. En las aulas,
faltan más de mil profesores; las tasas universitarias siguen subiendo,
mientras, como decimos, las becas se reducen. En el campo de las políticas
sociales se tiende, sin disimulo, a “permutar” derechos por la caridad. Hoy, más de 20.000 personas en situación de dependencia
siguen en el “limbo” social y carecen de prestación.
De
todo lo anterior se desprende que la supuesta austeridad representa un fracaso
estrepitoso. La aplicación durante más de 3 lustros de un neoliberalismo
extremo sólo ha logrado sumar a las cifras antes descritas el que la inversión
productiva huya de Madrid, la pequeña empresa y el pequeño comercio se hallen
asfixiados y la deuda pública haya pasado en 5 años de 6.800 millones a 23.000
millones de euros.
Las principales propuestas de la Ley
En
los últimos años, a diferencia de la Comunidad de Madrid, diversas comunidades
autónomas del Estado español han modificado legalmente la naturaleza de las
rentas mínimas, pasando de considerarlas “ayuda” a entenderlas como derecho subjetivo.
La proposición de Ley que nos ocupa plantea que Madrid se sume a esa misma
corriente, es decir, que establezca que existen un conjunto de derechos vitales
básicos que han de ser garantizados por el Gobierno para el conjunto de la
población y que, por tanto, deben configurar una partida específica contemplada
en los presupuestos.
En
segundo lugar, la LDVB representa también un avance democrático al consagrar un
abanico de derechos que van más allá de la RMI. A través de ellos se garantiza
no sólo un ingreso económico (mejor que la RMI), sino también una vivienda o
unos suministros indispensables, que a su vez son garantía de una vida digna
para muchas personas.
En
tercer lugar, la Ley demuestra que, usando el marco legal y competencial
existente en la Comunidad de Madrid, es posible avanzar en la consecución de
derechos y mejorar así la situación de una parte importante de su población. De
hecho, la memoria económica que acompaña la Ley demuestra que existen medios
para combatir el fraude fiscal, que tanto daño hace a las arcas públicas, y
cobrar impuestos hoy eliminados, caso del de patrimonio y otros[1], los cuales permitirían financiar la
Ley.
En
resumen, si la pobreza crece no es debido a la “fatalidad” del momento, sino y,
sobre todo, a la acción del gobierno que aplica una política neoliberal
extrema.
La LDVB y la Renta Básica
El
hecho de adaptarse al marco legal existente hoy en Madrid, incluido el general
impositivo, hace que la Ley desnude el fondo político del actual crecimiento de
la pobreza en la Comunidad. Pero a la vez permite poner sobre la mesa un debate
fundamental para el conjunto de lo que se ha dado en mal llamar “políticas
sociales”: la conveniencia o no del establecimiento de una Renta Básica
Universal dineraria e incondicional para todas las personas. En otras palabras,
se trataría del reconocimiento del derecho a existir, con plenitud de su contenido
como derecho democrático básico para el conjunto de la población, no sólo para
una parte.
En
este sentido es necesario aclarar que si bien la Ley no rompe con la lógica de
ser una renta condicionada, incompatible con las rentas del trabajo. Precisamente
en un momento en el que las rentas del trabajo no impiden que una cantidad cada
vez mayor de trabajadores, como consecuencia de la bajada general de los
salarios y la fragmentación del mercado laboral, sean pobres.
De
acuerdo con lo anterior la propuesta mantiene la lógica del falso símil:
“empleo igual a trabajo”. Es reconocido, sin embargo, que existe en la sociedad
una gran cantidad de trabajo realmente realizado, sobre todo por mujeres, que
no es entendido como empleo al no estar remunerado. Sin quebrar la idea de que
el trabajo es igual al empleo, resulta imposible llegar a considerar la
aportación positiva que realizan miles de personas para el mantenimiento y
funcionamiento de la sociedad. Porque no habrá empleo, pero lo que no falta, es
trabajo.
Finalmente,
el hecho de que la LDVB carezca de carácter universal focaliza la medida en
determinados segmentos de la sociedad y, con ello, a pesar de combatirla, no
deja de “estigmatizar” la pobreza. Por el contrario, una renta básica
universal, que obtendría los recursos necesarios para su financiación de la
misma forma selectiva que LDVB (carga impositiva a los más ricos), extendería
sus efectos sobre toda la sociedad sin concentrar éstos únicamente en una
fracción de la misma. Ello evitaría la estigmatización mencionada y
transformaría el derecho a existir en un derecho básico universal, al mismo
nivel que la educación o la sanidad, que son universales porque se poseen y
ejercen sin condicionante alguno por el hecho de ser ciudadanos.
Los
comentarios anteriores no restan, como ha resaltado la prensa y en conjunto de
entidades sociales que la han avalado, un ápice de importancia a la propuesta
de Ley defendida el pasado 14 de noviembre por Izquierda Unida- los Verdes en
la Asamblea de la Comunidad. Representa un paso adelante muy significativo y
posibilita sacar a la palestra un debate más profundo y más complejo sobre los
derechos de las personas, un debate que en su momento el Foro Social de Madrid
encaró a través de su propuesta de Carta de Derechos de Ciudadanía en la que sí
se incluyó la defensa de la Renta Básica Universal.
Notas:
(2) Según el estudio presentado por EAPN en 2013 sobre la evolución del riesgo de la pobreza y la exclusión en Madrid, en lo que se refiere a los indicadores de riesgo de pobreza y exclusión social, la tasa de riesgo de pobreza en la Comunidad de Madrid se situó, en 2011, en el 15,9% de su población total y la tasa AROPE alcanzó el 19.2%. La proporción de personas en situación de pobreza extrema se situó en el 2,9%. Finalmente, la proporción de personas en situación pobreza muy grave, que se estima a partir de un umbral del 40% de la renta del hogar, está alrededor del 6,7%. Se trata del registro más elevado desde 2008.
(3)
La Comunidad de Madrid hay un 19,6 % del PIB de fraude y evasión fiscal. Si esa
cifra se redujese en 10 puntos la recaudación adicional en la Comunidad de
Madrid sería de 6.845.017 euros, según las estimaciones de GESTHA. Según este
mismo sindicato cada madrileño tributa 2.000 euros más como consecuencia del
fraude y de la evasión fiscal. Con la supresión del Impuesto de Donaciones y
Sucesiones, Madrid ha dejado de ingresar 1.428 millones de euros anuales, de
los que 1.100 millones de euros han sido un regalo que el Gobierno regional
hace a los 50 mil contribuyentes que hacen donación. Con la supresión del
Impuesto de Patrimonio el Gobierno de Madrid ha dejado de ingresar 630 millones
de euros anuales, regalo que ha beneficiado a tan sólo el 7% de los 2,3
millones de contribuyentes madrileños. Con esta medida se ingresarían 2.758
millones de euros más al año.
Fotos: Sergio Escalante del Valle
http://sergioescalantedelvalle.tumblr.com/
