Por un referente constructivo crítico desde IU, comprometido y coherente en la movilización social para una alternativa trabajadora y joven a la crisis económica, en el proceso de formación de los foros para la refundación de la izquierda.

viernes, 30 de abril de 2010

Carta abierta de Martxelo Otamendi

Carta abierta de Martxelo Otamendi, ex director del periódico en lengua vasca Egunkaria, absuelto de la acusación de terrorismo, junto al resto de encausados

En febrero de 2003, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo decidió cerrar el periódico Egunkaria, único que se publicaba íntegramente en lengua vasca, en base a unos supuestos delitos derivados de investigaciones realizadas por la Guardia Civil, a instancias del gobierno español del momento. Junto al cierre procedieron a la detención de 10 personas (nueve de ellas anteriores o actuales directivos del diario), acusadas en aquel momento de pertenencia o colaboración con ETA.
En los cinco días de incomunicación que padecimos en los calabozos de la Guardia Civil en Madrid, 6 de los detenidos sufrimos torturas, consistentes en agotadores ejercicios físicos hasta la extenuación, vejaciones, humillaciones, falta de descanso, asfixia (aplicación de "la bolsa"), amenazas, implicando incluso a personas queridas y cercanas. Estos hechos fueron puestos en conocimiento del juez instructor en el momento de la declaración judicial nada más salir, sin que se tomara la molestia de abrir una investigación.
Entre los acusados hemos sumado 28 meses de prisión preventiva, limitando los movimientos a las personas que dejaron en libertad condicional.
El  cierre del periódico supuso la pérdida de trabajo de sus 150 empleados, así como cuantiosas pérdidas económicas. Y privó a sus periodistas, lectores, anunciantes y a la sociedad en general de una información diaria y de calidad, y de una plataforma mediática en la lengua por ellos elegida.
A pesar de que la fiscalía retiró todos los cargos ya en 2006, por no apreciar siquiera indicios, el juicio se celebró recientemente en la Audiencia Nacional de Madrid, con la única acusación de la AVT o Justicia y Dignidad, lo que nos ocasionó cuantiosos gastos en viajes, estancias y defensa, y tiempo que tuvimos que restar a la fuerza a la actividad laboral, social o familiar.
Finalmente la sentencia nos absuelve con claridad a los procesados, por no existir actividad delictiva alguna, y declara ilegal el cierre del periódico, desmontando así el intento de criminalizar la actividad y la expresión del pueblo vasco en su propia lengua.
Tenemos derecho a una indemnización y reparación por todos los perjuicios que nos han ocasionado en estos 7 años de sufrimiento injusto. Y los responsables de la Guardia Civil que nos detuvo y maltrató, así como sus responsables políticos, deben dar explicaciones y asumir su responsabilidad. Estas reparaciones son de justicia, aunque no hay dinero que pueda borrar las heridas que te deja, por ejemplo, la tortura.
Porque el Estado español, como por desgracia ocurre con muchos países llamados democráticos, sigue practicando la tortura, por mucho que lo nieguen los responsables de Interior. Son innumerables y continuadas las denuncias de organismos internacionales al Estado español por no impedir la práctica de la tortura. Si en algo se diferencia un Estado dictatorial de uno democrático, es por el respeto con el que este último debe tratar a todo ser humano, sea delincuente, presunto o inocente.
Son muchas las personas que, como nos ha ocurrido a nosotros, sufren en los medios de comunicación un veredicto previo de condena (terrorista o cualquier otra acusación), y que finalmente son declaradas inocentes en instancia judicial. No es justo que la opinión pública, condicionada por algunos medios poco profesionales, condene antes de tiempo. Los medios de comunicación deben informar con veracidad y respeto; es un derecho, no solo de los afectados, sino también de los ciudadanos receptores de información, que deben exigir rigor en el tratamiento de las noticias.
Sólo me cabe agradecer a quienes en todo el Estado español, y fuera de sus fronteras, nos han apoyado en este largo proceso, incluso asumiendo el riesgo de ser acusados, ellos también, de pertenecer a un "entorno" en el que son presa fácil de los llamados poderes fácticos.

Martxelo Otamendi
26 de abril de 2010

martes, 27 de abril de 2010

Novedades de "Sin Permiso"


Todo el fondo de artículos de sinpermiso electrónico es de acceso libre y permanente. Y esta semana:  

Carlos Jiménez Villarejo
[Todas las traducciones y todos los textos originales de SP electrónico están protegidos por laLicencia Creative Commons]

A la venta desde enero el Nº 6 de sinpermiso en papel

domingo, 25 de abril de 2010

El Congreso tendrá que debatir sobre la Ley de Amnistía

IU-ICV presenta una proposición para modificar la norma tras el proceso abierto contra Garzón



El Pleno del Congreso de los Diputados tendrá que debatir en los próximos meses sobre la Ley de Amnistía en plena polémica sobre la investigación de los crímenes del franquismo y el proceso contra el juez Baltasar Garzón.

El debate lo forzarán los diputados de IU-ICV, Gaspar Llamazares y Joan Herrera, con una proposición de ley que han registrado hoy en la Cámara. El texto pide adecuar esa norma a los tratados internacionales, es decir, a los que tienen que ver con la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y de los que atentan contra los derechos humanos. Se trataría de darle prevalencia a esa legislación internacional.
Obviamente, la iniciativa no tendrá mayoría suficiente para salir adelante, porque ni el PSOE parece dispuesto a apoyarlo a priori, pero supone abrir este debate en el Pleno por primera vez en muchos años.
El único problema es que el debate se demorará porque estos diputados tienen un cupo muy limitado para presentar iniciativas en el Pleno. No podrá celebrarse el debate antes de final de este año a menos de que otro grupo le cediera a IU-ICV la capacidad de presentar esta iniciativa ante el pleno.

miércoles, 21 de abril de 2010

Contra los ataques a Garzón, una reforma democrática de la justicia

Declaración del Partido Obrero Revolucionario- Cuarta Internacional

El intento de apartar al juez Garzón es una operación en la que confluyen la extrema derecha, el PP y sectores reaccionarios de la judicatura para evitar que se reabra la investigación y juicio sobre los crímenes del franquismo. Denunciamos estos hechos como antidemocráticos. Queremos saber la verdad sobre los crímenes del franquismo y recuperar la memoria de los que sufrieron tortura, prisión y muerte.
Esta operación pretende también paralizar la evidente relación de corrupción de la trama Gürtel y el PP y dar un nuevo golpe favorable a una posición judicial abiertamente de derechas y reaccionaria. ¡Hay que reaccionar! No podemos permitir una vuelta atrás en nuestros derechos. No podemos permitir que unos jueces que no son elegidos democráticamente puedan tomar decisiones contrarias a los derechos democráticos.
Llamamos a participar en los actos de apoyo contra los ataques a Garzón convocados por los sindicatos y otras asociaciones solidarias.
Que hoy sea necesario defender al juez Garzón no significa compartir sus actuaciones. Él mismo forma parte de la Audiencia Nacional, continuador del infausto Tribunal de Orden Público franquista, y algunas de sus actuaciones han tenido poco que ver con una posición democrática de la justicia, como no investigar evidentes causas de tortura o avalar el cierre de otras publicaciones vascas o el abuso de acusaciones de terrorismo sin base cierta.
En esta campaña de los sectores más reaccionarios de la judicatura hemos visto también como el Tribunal Constitucional lleva más de cuatro años sin tomar una decisión sobre el Estatut de Catalunya con jueces que hace más de dos años debían de haber dimitido y con resoluciones previas que pretenden recortar lo que el pueblo catalán, su Parlamento y el Congreso español habían aprobado.
La sentencia sobre Egunkaria es otro ejemplo de cómo un sector de la judicatura puede llegar a pervertir la democracia. El único diario que en esa época se editaba en euskera fue cerrado por un juez de la Audiencia Nacional en un evidente ataque a la libertad de expresión y ahora, siete años después, otro juez declara abiertamente que el cierre fue de “dudosa constitucionalidad”, pero el enorme daño ya está hecho y será necesario repararlo.
El conjunto de estas actuaciones ha abierto una evidente crisis entre el aparato judicial que parece vivir todavía en tiempos del franquismo y la mayoría de la opinión pública que ve cómo los jueces ponen en jaque derechos y conquistas democráticas. La denominada independencia del poder judicial no es más que una pantalla para tapar la deriva antidemocrática del poder judicial, el intento de ser un contrapoder de las instituciones elegidas por el pueblo.
El Pacto de Estado de la Justicia que en su día firmaron el PP y el PSOE está impidiendo una amplia, profunda y urgente reforma de la justicia. Una justicia democrática significa que los jueces y los fiscales sean elegidos por sufragio universal, como por ejemplo se hace en Estados Unidos. Hay que acabar con el hecho de que unos cuantos señores impartan justicia al margen del pueblo. Reformar la justicia es que se renueve el Tribunal Supremo y el Constitucional, haciendo dimitir a los jueces cuyo mandato ya ha caducado y que sean elegidos en sesión pública por el Parlamento, en vez de en pactos secretos de los partidos mayoritarios. Como es democrático que se disuelva la Audiencia Nacional, que es la continuadora del TOP franquista, y la implantación efectiva de los jurados populares, para que la ciudadanía pueda participar en el ejercicio de la justicia y no quede en manos de una capa de altos funcionarios especializados y ajenos al pueblo.

20 abril 2010

Movilizaciones por la justicia universal


lunes, 19 de abril de 2010

EGUNKARIA ABSUELTO, EGUNKARIA LIBRE



EGUNKARIA ABSUELTO, EGUNKARIA LIBRE
Comunicado de las Plataformas de apoyo en el Estado Español
La reciente sentencia de la Audiencia Nacional absuelve a los procesados de las graves acusaciones que pesaban contra ellos, dejando en muy mal lugar al juez instructor y a la guardia civil, que construyeron supuestas pruebas con el único fin de clausurar el periódico.
Han transcurrido 7 años en los que los procesados han sufrido torturas, años de cárcel, acusaciones infundadas, cuantiosas pérdidas económicas. Los trabajadores del diario perdieron su puesto de trabajo, y la sociedad vasca se vio privada del derecho a recibir información en su propia lengua. Desde aquí exigimos la reparación e indemnización por todos los daños causados por los poderes públicos y que las personas que aplicaron de forma ilegal una legislación ya de por sí injusta asuman sus responsabilidades.
La sentencia desautoriza a la Delegación del Gobierno en Madrid, que prohibió una manifestación con el lema “Por la libertad de expresión, contra el cierre del diario Egunkaria” por considerar que tenía un fin ilícito, y también al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ratificó dicha prohibición. Ambas instituciones deben reconocer con claridad el grave error cometido y el daño causado a los convocantes, incluyendo los costes del recurso, o en caso contrario dimitir.
Triste papel, por ser benévolos, el ejercido por la mayoría de los responsables de crear opinión pública, que han condenado durante estos 7 años sin esperar el fallo del tribunal, y que criminalizan toda muestra de solidaridad, en particular hacia la lucha del pueblo vasco. Pero no parecen darse por aludidos, ya que, de nuevo, en operaciones realizadas estos mismos días, vuelven a asumir como única versión y verdadera la que ofrecen los cuerpos policiales, conculcando la presunción de inocencia de las personas afectadas.
Porque nos preocupa lo que pasa a nuestro alrededor y porque a todas y todos nos afecta el recorte de las libertades, es por lo que hemos querido contribuir con nuestra movilización al restablecimiento de los derechos vulnerados, y nos sentimos orgullosos de haberlo conseguido entre todos. Pero sabemos que no podemos, que no debemos abandonar la lucha, pues muchas personas siguen sufriendo las consecuencias directas de estos atropellos cometidos por unos poderes públicos que, en lugar de estar al servicio de la ciudadanía, en la mayoría de los casos actúan en defensa de los intereses de los poderosos, amparando sus injusticias.
La solidaridad entre los pueblos es un deber para todas las personas que aspiran a un mundo en paz y con justicia social. Las personas y organizaciones que hemos luchado por que se haga justicia con Egunkaria y sus procesados, continuaremos luchando por estos valores, allí donde nos encontremos, y animamos a ello a quienes compartan estas aspiraciones.
Parece que hemos llegado al final (pendiente de posibles recursos) de una pesadilla que nunca debió dar comienzo. Esperamos que esta sentencia pueda significar el punto final de una política de represión generalizada que ha vulnerado no pocos derechos, amparada en el uso y abuso de una legislación excepcional e injusta. Una legislación que, desarrollada con la excusa de la lucha anti-terrorista, ha dado lugar, entre otros atropellos inconstitucionales, a cierres de otros medios de comunicación como Egin, Egin Irratia y Ardi Beltza, y que se aplica, cada vez más, contra cualquier brote de disidencia respecto del poder establecido a lo largo y ancho del Estado español.
Queremos que esta sentencia contribuya también a alumbrar un futuro de esperanza y de paz, basada en el derecho de los pueblos a decidir su futuro y a desarrollar su cultura y valores propios.
VIVA LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS
EGUNKARIA AURRERA (ADELANTE)
Plataformas de apoyo a Egunkaria de Zaragoza, Valladolid, Asturias, Catalunya y Madrid
Abril 2010


LA FUNDACIÓN ANDREU NIN, ORGANIZACIÓN QUE TIENE POR OBJETO LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA REVOLUCIONARIA EN NUESTRO PAÍS Y POR EXTENSIÓN LA DE LOS DERROTADOS EN LA GUERRA CIVIL ASÍ COMO LA DE LOS PERSEGUIDOS Y REPRESALIADOS POR EL FRANQUISMO, QUIERE PONER DE MANIFIESTO:

1º. Expresar nuestro rechazo a los procedimientos judiciales incoados contra el juez Baltasar Garzón que, de acuerdo con la legislación vigente (Ley de Memoria Histórica), ha pretendido reparar, en la medida de lo posible, los derechos que asisten a los familiares de las miles de víctimas esparcidas por todo el territorio de este país.

2º. El objeto de este atropello, impropio de una sociedad democrática, no es otro que evitar el conocimiento por parte de la sociedad civil de los crímenes cometidos por la dictadura franquista.

3º. Pero las medidas judiciales que se pretenden aplicar al juez Garzón son, igualmente y sobre todo, un ataque anti-democrático a las miles y miles de víctimas y familiares del  régimen franquista. Con ello se vulneran los derechos elementales a la localización de los asesinados, al recuerdo honroso de los mismos y a la necesaria reparación hacia sus familiares.

4º. Denunciamos la Ley de Amnistía de 1977 que con la contrapartida de la liberación de los presos políticos, perseguía la impunidad para los beneficiarios, torturadores y criminales al servicio de dicho régimen. Como recuerda la legislación internacional, los crímenes contra la humanidad no pueden ser nunca objeto de ninguna amnistía.

5º. Manifestar nuestra indignación por el comportamiento pre-democrático de la Justicia española y de sus más altas instancias, elevada por gracia de sus decisiones, a protectora de la indecencia más descarnada: la protección de delincuentes responsables de delitos contra la humanidad y de grupos mafiosos vinculados a las fuerzas políticas y sociales herederas del antiguo régimen.

6º. Repudiamos la conformación en nuestro país de un bloque social anti-democrático, organizado y orquestado por el Partido Popular (brazo político de GÜRTEL) y del que forman parte instituciones como la Justicia, la patronal CEOE, la Iglesia y los numerosos medios de comunicación afines a los mismos, todos ellos portadores de un proyecto político y social autoritario y restrictivo para las libertades democráticas.

7º. Solicitar de las fuerzas políticas democráticas, anti-fascistas y progresistas la tramitación de medidas legales a fin de facilitar la prohibición de grupos, partidos, asociaciones y entidades de carácter fascista.

8º. Llamamos a la “mayoría social” de este país, a los trabajadores, a los partidos democráticos y de izquierda, organizaciones sindicales, movimientos sociales, asociaciones cívicas y culturales y en especial a las que trabajan en la recuperación de la memoria histórica, a preparar y articular una contundente respuesta cívica en defensa de la DEMOCRACIA y contra la pervivencia de todo residuo fascista en la sociedad española.

9º. Por último expresar nuestra identidad con los objetivos de las personas encerradas en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense. Hacemos nuestros sus motivos. Hoy como ayer:

¡DEMOCRACIA SÍ!

¡FASCISMO NUNCA MÁS!

¡FUERA FASCISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!



Madrid, 14 de Abril de 2010 (¡Viva la República!)http://www.fundanin.org/

JUNTA DIRECTIVA DE LA
FUNDACIÓN ANDREU NIN