Por un referente constructivo crítico desde IU, comprometido y coherente en la movilización social para una alternativa trabajadora y joven a la crisis económica, en el proceso de formación de los foros para la refundación de la izquierda.

lunes, 16 de diciembre de 2013

La ruptura con el Régimen empieza con la consulta en Cataluña.

 
Hasta el jueves todo lo escrito, dicho, hablado, comentado... sobre la consulta de autodeterminación en Catalunya (el llamado Derecho a Decidir) a favor o en contra pertenecía a la categoría de “lo imaginable”. Todos los argumentos querían incidir y condicionar a favor o en contra sobre el primer hecho concreto y concluyente, real y no declarativo: La convocatoria de la consulta al pueblo de Catalunya el 9 de noviembre de 2014 en forma de doble pregunta: ¿Quiere que Catalunya se constituya en un Estado? En caso afirmativo, ¿Quiere que este Estado sea independiente?
 
La convocatoria ha sido acordada por seis partidos políticos representados en cuatro grupos parlamentarios: Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya-Verds i Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) i la Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa d’Esquerres (CUP-AE).
 
La propia convocatoria ya implica un acto de ruptura con el Régimen, permita éste la consulta o no. En un hecho histórico y sin precedentes. No se habría llegado hasta aquí sin la movilización popular. Este es el hecho diferencial del proceso en Catalunya: la masiva movilización popular, pacífica, transversal, interclasista por un objetivo democrático: una consulta al conjunto de ciudadanos de Catalunya sobre la relación de Catalunya con el Reino de España. Esto no debe olvidarse, el proceso hacia la consulta ha llegado hasta aquí por la fuerza de la gente, está en la base de la “ruptura democrática” con el actual ordenamiento jurídico y político.
 
Es en la movilización popular donde radica la legitimidad de una consulta que cuenta con el respaldo muy mayoritario –superior al 75%- de la ciudadanía en Catalunya y con la mayoría de partidos catalanes en el Parlament. Todos ellos se comprometieron a convocarla y lo han cumplido. Esto también es un “hecho diferencial”.
 
La imagen de unidad refuerza el objetivo democrático de la consulta. Sólo el PSC decidió marginarse, planteando que era necesario un acuerdo previo entre el gobierno de Rajoy y el gobierno de Mas. Un acuerdo que Rajoy descartaba de antemano y que, además, dejaba la “negociación” en manos de los gobiernos y no de las fuerzas políticas en el Parlament y, por tanto, de la representación popular. El PSC ha dimitido de facto de la política y se ha puesto en manos de Mas y de Rajoy, como antesala para situarse contra la consulta, al lado del PP y Ciudadanos en Catalunya y al lado del PP y el PSOE en España, como se plasmó en el brindis ante la Delegación del Gobierno en Catalunya. El PSC ha mutado de ser el partido principal del catalanismo político a un psocialismo a la vasca dentro del bloque identitario.
 
Las Preguntas
 
La doble pregunta permite a todos los partidarios de cambiar el “statuts quo” actual (el Estado de las autonomías, en pleno proceso de recentralizador del gobierno del PP) defender  la celebración de una consulta de autodeterminación y votar Si a un Estado catalán. Con ello es posible que la primera pregunta sume entre un 60 y un 70% de la ciudadanía. A quienes voten afirmativamente a la primera pregunta, se les pide si quieren que ese Estado sea independiente. Las encuestas dan a esta segunda opción una mayoría del 55%, que significarían el 45% del censo. Pero ya veremos… tiempo al tiempo. Lo primero era la convocatoria, ahora se trata de que esta se celebre y en el proceso se gestará el resultado.
 
El acuerdo incluye solicitar al Estado Español la autorización para hacer la consulta mediante la cesión de la competencia por la vía del artículo 150.2 de la Constitución. Para ello el Parlament de Catalunya aprobará una resolución que se trasladará al Congreso de los Diputados, donde se votará. Paralelamente la presentarán los diputados catalanes en el Congreso, por si la Mesa del Congreso no acepta que sea trasladada por el Parlament o la retrasa sine die.
 
En esta votación es probable que el “sector soberanista” del PSC vote conjuntamente (cinco diputados como máximo) con los partidos que la han propuesto. La dirección del PSC se ha mostrado totalmente en contra y ya ha lanzado el mensaje de que pueden ser expulsados y consumar así la crisis permanente en las bases del socialismo catalán. Si tres de ellos rompen la disciplina de voto y votan a favor, la resolución se aprobaría 2/3 de los diputados del Parlament. Esta cifra, aunque no es necesaria para la aprobación de la resolución, sí tiene un alto valor político y simbólico.
 
La convocatoria de la consulta ha tenido el apoyo de multitud de entidades, especialmente de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) impulsora, junto a Ómnium, de la Vía Catalana que sacó un millón de personas a la calle reclamando el derecho a la independencia.
 
Especialmente significativo es el apoyo inmediato de los sindicatos, especialmente de  CCOO y UGT, a las preguntas y la fecha. Sin duda, son garantía de uno de les ejes del catalanismo -“un único pueblo” (un sol poble)- y del carácter social de la consulta, entendida no como un debate de identidades entre catalanes y españoles, sino como un debate sobre qué comunidad política y social quiere ser Catalunya. Su apoyo incondicional llevará la consulta a las fábricas en forma de: ¿Qué país queremos?
 
No es una negociación entre partidos en un despacho
 
El derecho a decidir de la ciudadanía no ha sido una negociación entre partidos en un despacho, al margen de los que reclaman la mayoría. Y ello implica una consulta donde cada voto vale igual y cada ciudadano decide como debe ser la relación entre Catalunya y España: Si o No. Y gana la mayoría.
 
Empieza la “cuenta atrás”. Quedan 11 meses.
 
La propia convocatoria de la consulta es uno de los hechos más relevantes y transcendentales desde la Restauración borbónica y su régimen bipartidista. En el edificio constitucional sobre el que está basada la dominación de clases en el Reino de España, están apareciendo grietas: la debilidad de la Monarquía y sus escándalos, la pérdida de apoyo al bipartidismo en todas las encuestas, la sumisión de los derechos sociales a los mercados con la reforma exprés del artículo 135, la crisis del ordenamiento territorial y el estrangulamiento financiero de la España de las autonomías…
 
Los primeros cálculos del gobierno del PP, con el acuerdo del PSOE de Rubalcaba, eran que las élites catalanas y el desmarque del PSC harían descarrilar el proceso y nunca habría una convocatoria. Las diferencias y contradicciones entre los partidos catalanes eran aireados cada día: no se pondrán de acuerdo en la pregunta y la fecha. Si no se convocaba la consulta y era por disensiones entre los partidos catalanes, “muerto el perro, muerta la rabia”.
 
El PP optó por no hacer nada, esperar, como decían, que el “suflé” se desinflé y los partidos catalanes acabasen enfrentados entre sí. Era el pronóstico de la FAES, el think tank de Aznar y la derecha extrema: “antes se romperá Catalunya que España”. De momento la convocatoria es una derrota de los postulados de Aznar. Buen síntoma.
 
Para ello desplegaron los argumentos del miedo (fuera de la Unión Europea, fuera de la OTAN, no se podrán pagar la pensiones, el paro…); forzaron declaraciones de dirigentes europeos, de las élites empresariales españolas y catalanas; inventaron “terceras vías”, bien fuesen de “autonomismo reforzado” con Duran i LLeida a la cabeza o “soluciones federalistas” con Pere Navarro a la cola y así atizar al máximo las disensiones; amenazaron con congelar el Fondo autonómico de liquidez y los pagos de la Generalitat…
 
Ahora la pelota pasa a estar en el tejado del gobierno del PP. La primera respuesta ha sido de negación absoluta ante la reclamación de una consulta democrática. “Nada que hablar, nada que negociar”. Contra la consulta, el imperio de la ley (la Constitución), la historia (somos la nación más antigua del mundo), la Unión Sagrada del régimen monárquico: “Rajoy y yo lo tenemos todo hablado: no habrá consulta”, según Rubalcaba. Lo que es posible entre el Reino Unido y Escocia, entre Canadá y el Quebec, no es posible entre el Reino de España y Catalunya.
 
Los que cambiaron en 48 horas la Constitución y lo hicieron por orden escrita de la troika, para sacrificar los derechos sociales del conjunto de españoles en favor de la banca e instaurar el gobierno de la deudocracia y el austericidio sin consultar al pueblo soberano, ahora secuestran la soberanía nacional para negar a una parte del pueblo una consulta en la que sea preguntado si quiere, libremente, seguir formando parte del Reino de España o si quiere cambiar su estatus, conformando un Estado federal o independiente.
 
A esa idea de España centenaria de Rajoy, hecha bajo el imperio (primero de las armas, ahora de la ley) le es difícil entender que la relación entre sus pueblos ha de estar basada en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Cualquier respuesta que no sea autorizar la consulta y rehacer la relación entre los pueblos en una libertad querida, no hará más que ahondar el distanciamiento. En los gobernantes del régimen falta inteligencia y falta política, entendida como herramienta para solucionar conflictos y no para enquistarlos y engrandecerlos.
 
Negar, prohibir la consulta implica, más allá de las palabras, decisiones que en sí mismas son un nuevo elemento de ruptura del régimen. Ya no estará basado en el “pacto constitucional”, una parte del pueblo español (el catalán que quiere ejercer la autodeterminación) habrá sido expulsado de él.
 
Prohibir la consulta, suspender la autonomía… reclaman dirigentes del PP y el PSOE. Enviar al ejército… clama de la derecha extrema. ¿Realmente que implica? ¿Un gobierno técnico desde la capital del Estado sin ninguna legitimidad democrática, que seguirá aplicando una política de recortes sociales? ¿Qué consecuencias en la escena internacional? ¿Qué reacción tendrá el pueblo catalán, cómo se le reprimirá? Todo esto para prohibir una consulta democrática. ¿Puede el PSOE avalar una involución de este calado sin mutar aún más, puede avalar un gobierno del PP que acentuará su autoritarismo? Prohibir la consulta catalana tendrá el coste de arruinar la débil democracia española y no solucionará las causas profundas del conflicto.
 
PP y PSOE siguen viendo el proceso catalán como un paralelismo de la consulta planteada por el Plan Ibarretxe, que proponía “un Estado vasco libremente asociado”. La negativa del Congreso de los Diputados, con Zapatero a al cabeza, y la suspensión de la propuesta por el Tribunal Constitucional acabaron con la dimisión de Ibarretxe y la convocatoria de elecciones autonómicas. Su proyecto se disolvió. Pero era un proyecto pactado “desde arriba”, entre los partidos (PNV, EA, EB i Aralar), aunque fuera en el marco del parlamento vasco.
 
La diferencia sustancial con el proceso catalán está, de nuevo, en la movilización popular, que ha ido por delante de los partidos: la convocatoria de la consulta es una respuesta a esa movilización popular.
 
Las encuestas de antes y después de la convocatoria ratifican esa mayoría. La última, del 14 de diciembre, sitúa el apoyo en su punto más alto y reclama que el gobierno de Rajoy la autorice. Incluso una parte nada despreciable de votantes del PP o C’s se muestran partidarios de la consulta. Entre los votantes del PSC, por encima del 50%. En el Estado Español (contando Catalunya) ya son mayoría los que son partidarios que se autorice la consulta (48,5%) y que sean únicamente los catalanes los consultados (47%).
 
La izquierda española
 
La izquierda española no puede hacer seguidismo del PSOE. Su “solución federal” supeditada a una reforma de la Constitución que niega el derecho de autodeterminación, que el PP jamás aprobará, sólo puede pretender apuntalar el régimen y ganar tiempo hasta las elecciones de 2015, sin dar ninguna salida.
 
La izquierda alternativa española, que ha denunciado consecuentemente el régimen de la restauración borbónica, sus prácticas corruptas, su sumisión a los mercados y las multinacionales para seguir expropiando a las clases populares, ha de tener una posición activa y sostener el derecho a decidir de Catalunya.
 
La izquierda transformadora tiene un aliado en la consulta planteada en Catalunya, un aliado en la radicalidad democrática que implica per se una transformación. Es también la oportunidad de movilizar para una consulta imprescindible en España: ¿Qué forma de Estado quiere, Monarquía o República? Y en caso de República, ¿Federal? Si o No. Ha de poder decidir el pueblo.
 
Izquierda Unida y las izquierdas nacionalistas (BNG, Anova, Amaiur, Compromís, Geroa Bai…) se han posicionado a favor de que el pueblo catalán sea consultado. IU es la única formación estatal que lo ha hecho y esto le da una legitimidad democrática que implica un gran capital político, como la que tuvieron los comunistas en la lucha contra la dictadura. Su defensa de una república federal que reconozca el derecho a decidir de los pueblos implica plantear el único proyecto capaz de construir un escenario común y fraternal aceptable para la mayoría de los catalanes.
 
El reto es conseguir esa república federal y el derecho a la autodeterminación y ahora es mañana. Para las fuerzas de izquierdas en Catalunya esta alianza ha de dejar de ser sólo posible, para convertirse en un activo para ganar la hegemonía social desde los valores sociales de la izquierda, para situar la consulta no en un debate de identidades (españoles contra catalanes) sino en un debate social, que parta de reconocimiento de Catalunya como una nación, con soberanía para decidir su futuro.
 
La consulta en Catalunya es pues, una aliada de los objetivos de cualquier republicano y cualquier federalista español, que no entienda, como hace el PSOE, el republicanismo como un epíteto decorativo que sacar a pasear de vez en cuando, ni el federalismo como sinónimo de unión forzada. El futuro está en la libertad, la igualdad y la fraternidad entre los pueblos.
 
Por unos Estados Generales de las izquierdas sociales y políticas
 
Ahora bien, las izquierdas catalanas, sindicatos, asociaciones, mareas, plataformas… han de aunar sus fuerzas no sólo en las luchas de resistencia contra los recortes sociales, la crisis, los despidos, los presupuestos de CiU… y exigir a ERC que deje de dar apoyo a este gobierno autonómico conservador, privatizador y de derechas.
 
El objetivo de la izquierda ha de ser ganar la hegemonía social durante y después del proceso que se va a vivir, haya consulta o esta sea impedida por el Estado. Las izquierdas catalanas no pueden contentarse con dar apoyo a la consulta apelando al principio formal de la democracia. Hay que dotar a ese futuro Estado por el cual se pregunta de esqueleto, de músculos, de alma.
 
¿Una República catalana? ¿Con qué valores, con que principios, con qué orden social? La izquierda ha de disputar a CiU el gobierno y a la burguesía catalana el poder. Y sólo puede hacerlo desde la confrontación sobre el país que queremos, sobre los derechos sociales, los servicios públicos, la educación y la sanidad pública, la economía del bien común, el derecho a la vivienda y la paralización de los desahucios, una banca pública y ética, desterrando la corrupción y con los valores republicanos, con la revocación de  los cargos públicos y un gobierno basado en la honestidad y la ética, radicalmente transparente y en el que el pueblo pueda decidir en la cuestiones transcendentes ...
 
Es necesario que las izquierdas, todas las izquierdas catalanas, sean capaces de configurar un espacio común en el cual definir -con el máximo apoyo popular- un programa, una especie de “Constitución”. La consulta de autodeterminación forma parte de los valores de la izquierda, ahora es imprescindible contestar a cada trabajador que tipo de Estado sería un Estado catalán y cómo de social y democrático sería, cómo estaría al servicio de las clases populares. Es la única manera que estas se movilicen para que la “libertad nacional” sea a la vez “la libertad social”. Y no hay mejor reto que este. 

David Companyon i Costa es diputado al Parlament de Catalunya por ICV-EUiA y miembro de la Comisión Nacional de EUiA y del Comité Político Federal de IU
 
 
Por David Companyon, publicado en sinpermiso: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6513

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