Contra los ataques a Garzón, una reforma democrática de la justicia

Declaración del Partido Obrero Revolucionario- Cuarta Internacional

El intento de apartar al juez Garzón es una operación en la que confluyen la extrema derecha, el PP y sectores reaccionarios de la judicatura para evitar que se reabra la investigación y juicio sobre los crímenes del franquismo. Denunciamos estos hechos como antidemocráticos. Queremos saber la verdad sobre los crímenes del franquismo y recuperar la memoria de los que sufrieron tortura, prisión y muerte.

Esta operación pretende también paralizar la evidente relación de corrupción de la trama Gürtel y el PP y dar un nuevo golpe favorable a una posición judicial abiertamente de derechas y reaccionaria. ¡Hay que reaccionar! No podemos permitir una vuelta atrás en nuestros derechos. No podemos permitir que unos jueces que no son elegidos democráticamente puedan tomar decisiones contrarias a los derechos democráticos.

Llamamos a participar en los actos de apoyo contra los ataques a Garzón convocados por los sindicatos y otras asociaciones solidarias.

Que hoy sea necesario defender al juez Garzón no significa compartir sus actuaciones. Él mismo forma parte de la Audiencia Nacional, continuador del infausto Tribunal de Orden Público franquista, y algunas de sus actuaciones han tenido poco que ver con una posición democrática de la justicia, como no investigar evidentes causas de tortura o avalar el cierre de otras publicaciones vascas o el abuso de acusaciones de terrorismo sin base cierta.

En esta campaña de los sectores más reaccionarios de la judicatura hemos visto también como el Tribunal Constitucional lleva más de cuatro años sin tomar una decisión sobre el Estatut de Catalunya con jueces que hace más de dos años debían de haber dimitido y con resoluciones previas que pretenden recortar lo que el pueblo catalán, su Parlamento y el Congreso español habían aprobado.

La sentencia sobre Egunkaria es otro ejemplo de cómo un sector de la judicatura puede llegar a pervertir la democracia. El único diario que en esa época se editaba en euskera fue cerrado por un juez de la Audiencia Nacional en un evidente ataque a la libertad de expresión y ahora, siete años después, otro juez declara abiertamente que el cierre fue de “dudosa constitucionalidad”, pero el enorme daño ya está hecho y será necesario repararlo.

El conjunto de estas actuaciones ha abierto una evidente crisis entre el aparato judicial que parece vivir todavía en tiempos del franquismo y la mayoría de la opinión pública que ve cómo los jueces ponen en jaque derechos y conquistas democráticas. La denominada independencia del poder judicial no es más que una pantalla para tapar la deriva antidemocrática del poder judicial, el intento de ser un contrapoder de las instituciones elegidas por el pueblo.

El Pacto de Estado de la Justicia que en su día firmaron el PP y el PSOE está impidiendo una amplia, profunda y urgente reforma de la justicia. Una justicia democrática significa que los jueces y los fiscales sean elegidos por sufragio universal, como por ejemplo se hace en Estados Unidos. Hay que acabar con el hecho de que unos cuantos señores impartan justicia al margen del pueblo. Reformar la justicia es que se renueve el Tribunal Supremo y el Constitucional, haciendo dimitir a los jueces cuyo mandato ya ha caducado y que sean elegidos en sesión pública por el Parlamento, en vez de en pactos secretos de los partidos mayoritarios. Como es democrático que se disuelva la Audiencia Nacional, que es la continuadora del TOP franquista, y la implantación efectiva de los jurados populares, para que la ciudadanía pueda participar en el ejercicio de la justicia y no quede en manos de una capa de altos funcionarios especializados y ajenos al pueblo.

20 abril 2010