Retirada inmediata del decreto 13/201
No a la militarización del control aéreo civil
Respeto del Estatuto de los trabajadores
Más de trescientas mil personas se encuentran atrapadas en los aeropuertos españoles sin poder volar a su destino. Son las víctimas inocentes de un conflicto laboral provocado por las medidas económicas neoliberales del gobierno Zapatero, en un grave ataque a los derechos de los trabajadores.
Zapatero anunció por sorpresa el pasado 1 de diciembre, en respuesta a una pregunta de Rajoy en el Parlamento, un nuevo paquete de medidas económicas neoliberales, que se han concretado en el Real Decreto 13/2010. Junto con el anterior paquete del 9 de mayo pasado, se trata de la mayor agresión contra los derechos de los trabajadores y contra el sector público desde el fin de la Dictadura Franquista.
Entre ese paquete de medidas neoliberales aprobado el 3 de diciembre por el gobierno Zapatero está lo que se califica con todo cinismo de “modernización y liberalización de dos sectores: el aeroportuario y el de loterías”. Se trata, en definitiva, de privatización parcial, hasta el 49%, de AENA, la empresa pública que hasta ahora gestiona los servicios de aeropuertos y el control del tráfico aéreo en España.
Ya el pasado 14 de abril, el Ministro de Fomento José Blanco había roto unilateralmente el Convenio Colectivo de los trabajadores del control aéreo civil firmado con AENA y había impuesto por el decreto 9/2010 nuevas condiciones laborales y salariales al margen de cualquier negociación con los sindicatos del sector. No solo se produjo un reducción de hasta un 40% de los salarios, sino que se hicieron obligatorias las horas de trabajo extraordinarias y se limitó el numero de la plantilla, dejando fuera de la misma a la última promoción de controladores aéreos formados en la escuela pública de AENA, que inmediatamente después privatizó los costes de formación de estos trabajadores (50.000 euros) sin asegurar su contratación.
Posteriormente, todos los intentos de retomar el diálogo social entre los sindicatos del sector y el Ministerio de Fomento han sido inútiles. La privatización de AENA ha sido la gota de agua que ha colmado el vaso, y que afecta a todos los trabajadores del sector del transporte aéreo. Las protestas y las huelgas son la consecuencia de ello y de la defensa del sector público en una industria estratégica frente a la connivencia del gobierno Zapatero con las grandes empresas de la construcción que quieren hacerse con el sector a precio de saldo.
Resulta inadmisible que lejos de abrir la negociación, la reacción del gobierno Zapatero a la protesta de los controladores aéreos en defensa del carácter público de AENA haya sido la militarización, violando abiertamente el Estatuto de los Trabajadores. Solo en la Dictadura Franquista se había recurrido a estos métodos represivos contra los trabajadores.
Es evidente que la protesta de los controladores aéreos causa graves perjuicios a los usuarios. Pero el responsable de ello es el gobierno Zapatero, no los trabajadores del control aéreo y de los aeropuertos, que están defendiendo la propiedad pública frente a quienes son incapaces de gestionar la crisis económica capitalista sin atacar a los trabajadores, incluidos los más necesitados a los que se les retira la subvención de paro de 420 euros, condenándoles a la pobreza.
El gobierno Zapatero hoy, con sus medidas neoliberales, está de parte de las grandes empresas capitalistas responsables de la crisis, a las que además entrega ahora sectores estratégicos del sector público económicamente muy rentables. Utiliza además, de manera demagógica, la justa indignación de los usuarios de estos servicios públicos no para aceptar su completa responsabilidad, sino para enfrentarlos a las otras víctimas que son los trabajadores atacados en sus derechos laborales y sindicales.
Desde la huelga general del 29 de septiembre está pendiente la rectificación de la reforma laboral por parte gubernamental, en cambio este gobierno se pone en una vía acelerada de privatización y saqueo de los derechos colectivos laborales, para favorecer a las grandes corporaciones y finanzas.
Es imprescindible la solidaridad de los sindicatos de clase con quienes defienden el sector público. No a la militarización, apertura inmediata de negociaciones en el respeto del Estatuto de los Trabajadores. Ninguna sanción ni despido. Responsabilidad y reparaciones del gobierno Zapatero a los usuarios victimas de sus políticas neoliberales.
Movilicémonos en las convocatorias de concentraciones y manifestaciones sindicales de los próximos 15 y 18 de diciembre.
Comité ejecutivo del Partido Obrero Revolucionario (POR)
4 de diciembre de 2010
