Por un referente constructivo crítico desde IU, comprometido y coherente en la movilización social para una alternativa trabajadora y joven a la crisis económica, en el proceso de formación de los foros para la refundación de la izquierda.

martes, 24 de diciembre de 2013

Dos fotos, dos estrategias ante la Consulta

Tenemos dos fotos, dos imágenes que expresan todo un programa y perspectiva política ante la Consulta en Cataluña.
El día de la Constitución, el 6 de diciembre, fue elocuente el brindis entre Pere Navarro del PSC y los representantes del PP, C's y la Delegada del gobierno. La cara de satisfacción del Primer secretario del PSC no tiene precio. Es un frente pro-Constitución 1978 contra hacer la Consulta en Cataluña. UPyD también se incluirá en este bloque nacional.
La dirección del PSC se excluye del proceso de soberanía ciudadana catalana que puede iniciarse con la Consulta. Pere Navarro niega el Derecho a la autodeterminación, lo que se llama popularmente derecho a decidir. El PSC niega la aspiración secular catalana, hace oídos sordos y cierra los ojos a la inmensa movilización democrática en torno a la Vía catalana y el ANC. Esta política federalista conduce a un callejón sin salida o al precipicio. La alianza tácita es conservadora y reaccionaria, es un frente nacional español para impedir la libertad de Cataluña.
La foto del 12 de diciembre, justo al anunciar el acuerdo sobre la Pregunta, es el acuerdo democrático por los derechos de soberanía de la ciudadanía catalana. Joana Ortega de UDC, Artur Mas de CiU, Oriol Junqueras de ERC, Joan Herrera de ICV, David Fernández de la CUP, Marta Rovira de ERC y Joan Mena de EUiA.
El acuerdo sobre la Pregunta y la fecha de la Consulta ha sacudido y hecho tambalear la piel de toro, mientras daba la vuelta al mundo.
La Pregunta desdoblada ha resultado magistral. "Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? En caso afirmativo, quiere que este Estado sea independiente?" La fecha de la Consulta en el otoño de 2014 (9 de noviembre).
La Pregunta y la Consulta inician la posibilidad de la ruptura del régimen de la Constitución de 1978, por lo tanto con la Corona y la Monarquía borbónica, al tiempo que con el Estado y gobierno del PP que está empobreciendo y destruyendo a la población trabajadora, sus derechos y medios de trabajo y vida. El PSOE es víctima del bipartidismo, del apoyo al PP y la obediencia a la Troika, en las grandes políticas recortadoras, privatizadoras y de interés supremo del Estado.
El oráculo de la FAES y Aznar sobre que "Cataluña se rompe" y de que no se sería capaz de conseguir una Pregunta ha resultado falso. En cambio quien se rompe es el PSC. Si el gobierno y el Estado siguen negando la realización de la Consulta lo que se puede romper será el propio Estado español. Este Estado cada día que pasa es más inútil y perjudicial para Cataluña y para la población española.
A grandes rasgos las dos fotos establezcan alianzas en torno a la posición que se tome sobre la Pregunta y la Consulta.
Quien se pone a defender el frente nacional español contra la consulta con el PP, PSOE (PSC), UPyD y C's?
IU y el Grupo parlamentario de la Izquierda Plural ya han votado y expuesto que defienden que se haga la Consulta en Cataluña y lo que la población democráticamente decida.
EUiA ha clarificado el camino con la propuesta clave de República Catalana. ICV forma parte de la Pregunta establecida y los plazos para la Consulta.
Los obstáculos provienen de las políticas profundamente anti sociales de CiU y de la legalidad constitucional española.
Sin embargo los Federalistas de Izquierdas se equivocan profundamente al dar la espalda a la reivindicación democrática popular. Si la Consulta no se hace por bloqueo del Estado, del gobierno o de los partidos, la frustración generada se llevará primero por delante a todas las izquierdas, incluso las que se han acercado al españolismo unitario de obligada unión del PP, UPyD y C's. El federalismo de obligada unión se sitúa en la preservación de un Estado y monarquía que golpea a la población y a la gente trabajadora.
El proceso catalán es una oportunidad fundamental para Cataluña y para España para conseguir una soberanía republicana y social.
La vía a la soberanía ciudadana catalana nos ha de permitir combatir las políticas anti sociales del PP y de CiU, sin ninguna flexibilidad hacia los poderes económicos catalanes. Asimismo, esta vía debe conllevar la construcción de una nueva legalidad democrática catalana.
Del Boletín electrónico de EUiA.

lunes, 23 de diciembre de 2013

Óptica europea a la izquierda


La imagen de Alexis Tsipras como mascarón de proa del Partido de la Izquierda Europea (PIE) dice mucho sobre la evolución de esta interesante confederación de partidos.

El IV Congreso del PIE se ha celebrado en Madrid, organizado por las tres organizaciones anfitrionas, PCVE, IU y EUiA, todas ellas miembros fundadores desde el Congreso de Roma.

El PIE va homogeneizando su política para superar la neutralización de cada interés nacional y conseguir una concepción, una posición y una orientación europea capaz de forjar confluencia política movilizadora y alternativa al plan europeo de las grandes empresas multinacionales y al imperio de las finanzas.

Syriza es una garante de que el PIE tiene que plantearse los grandes problemas de la crisis en clave ciudadana, trabajadora y de los países más golpeados.

Aquí reproducimos la parte de la intervención de Àngels Tomás (miembro de la ejecutiva del PIE por parte de EUiA), consensuada en la Delegación de EUiA al Congreso del PIE:

"Bon dia (Buenos días). Retomando la intervención de nuestro coordinador general, des de EUiA hemos trabajado en todos los puntos acordados contra las políticas de austeridad, recorte de derechos y poniendo énfasis en algunos temas como la defensa de los servicios públicos y también en defensa de la paz, solidaridad, cooperación entre los pueblos, la defensa de los derechos de las mujeres, contra la violencia de género, la lucha contra el militarismo de la UE y contra la OTAN, en defensa de Venezuela, Cuba, proceso de paz en Colombia, solidaridad con Palestina, el Sáhara y su derecho de autodeterminación.

Y en esa línea de defensa hemos presentado y apoyado resoluciones que se presentan mañana en el congreso.

Junto a estos ejes y la defensa de lo público, que os hablará Toni Barbarà a continuación, hemos venido poniendo nuestro grano de arena para la comprensión de un derecho contemplado en la Carta de los Derechos Humanos, como es el derecho de autodeterminación de los pueblos.

Nosotros en Catalunya apoyamos el derecho a ser consultados, pacífica y democráticamente.

 Esperamos que sea cual sea el resultado de la consulta en Catalunya contemos con el apoyo solidario del Partido de la Izquierda Europea y de las organizaciones que forman parte de éste".

JJ Nuet (Coordinador de EUiA, Diputado estatal del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural) habló sobre el escenario general, con la oportunidad de lucha por otra Europa. Toni Barbarà (miembro de la ejecutiva y del secretariado el PIE por parte de EUiA) defendió la lucha por los servicios públicos.
 
 

viernes, 20 de diciembre de 2013

Las mujeres decidimos

Pacto entre mujeres por los derechos sexuales y reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo
 
Ante el anuncio del Gobierno de España de  reformar  la actual Ley orgánica 2/2010 de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, las organizaciones de mujeres abajo firmantes apelamos:
 
A los valores de la libertad y la igualdad recogidos en la Constitución Española así como al Pacto entre mujeres tal y como lo entendieron las Parlamentarias de la legislatura Constituyente cuando se negaron a avalar con su voto la discriminación por razón de sexo en la sucesión a la Corona.
 
Apelamos a la Libertad de decidir de las mujeres sobre nuestra vida y la autonomía en relación a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Recortar estos derechos significaría tutelar a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Sin libertad para decidir no hay igualdad. Sin igualdad no hay democracia.
 
Apelamos a la Igualdadque garantiza la actual ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reconociendo el derecho de las mujeres a ser atendidas en el sistema de sanidad público cuando decidan interrumpir su embarazo.
 
Apelamos al Pacto entre mujeres, porque solo a nosotras nos concierne decidir sobre nuestro embarazo, tanto si queremos ser madres como si no queremos serlo.
 
Apelamos a las Parlamentarias para que hagan efectivo el Pacto porque ellas son la voz y el voto de sus representadas, son la voz y el voto de las mujeres en el Parlamento.
 
Por todo ello:
 
Pedimos a nuestras Parlamentarias que suscriban un Pacto entre mujeres que garantice los derechos sexuales y reproductivos y la interrupción voluntaria del embarazo, haciendo valer su condición de Parlamentarias, ejerciendo como nuestras legítimas representantes y oponiéndose a cualquier reforma de la actual ley que signifique un retroceso en los derechos adquiridos por las mujeres. Pedimos que se pacte entre mujeres derechos que solo conciernen a las mujeres y por ello apelamos a su condición de mujeres por encima de cualquier ideología.
 
Hacer realidad este Pacto significa garantizar la igualdad y la libertad y con ellas la democracia.
 
Adjuntamos este texto que las organizaciones de mujeres, entre las que se encuentra Comisiones Obreras, que ha iniciado también una difusión masiva por iniciativa y a través de su secretarías de Mujer tanto Confederal como de Madrid, van a enviar a las Parlamentarias para que lleven a cabo un "pacto entre mujeres" y no voten la modificación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (aborto).
 
Parece que el trámite de aprobación de la nueva ley se quiere hacer el día 20 de diciembre.

 

Foto: Sergio Escalante del Valle
http://sergioescalantedelvalle.tumblr.com/
 

jueves, 19 de diciembre de 2013

Pregunta y Consulta en Cataluña

Antes del fin del año disponemos de la Pregunta y la fecha para la Consulta para decidir en Cataluña.
 
La Pregunta se ha desdoblado para compatibilizar claridad y inclusividad. ¿Será quizás una cuadratura del círculo?
 
"¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? En caso afirmativo, quiere que este Estado sea independiente?" .
 
("Vol que Catalunya esdevingui un Estat? En cas afirmatiu, vol que aquest estat sigui independent?").
 
En todo caso es evidente que en la Pregunta se incluyen las demandas de la movilización popular de los Once de septiembre y la Vía catalana. Se pregunta sobre (nuevo) Estado e independencia.
 
De la inmensa manifestación del 11 de septiembre de 2012 a la Declaración de soberanía del Parlamento catalán, de la Vía catalana del 11 de septiembre de 2013 a la actual Pregunta y Consulta para el 9 de noviembre de 2014. El proceso de empoderamiento democrático soberano de la ciudadanía de Cataluña avanza potente, masivo y unitario.

Las izquierdas debemos ser líderes de la lucha por la libertad de Cataluña. Hace falta una gran fuerza para conseguir realizar esta Consulta. Se ha de incorporar a fondo, en este proyecto constituyente, el factor y lucha social al proceso democrático catalán.
 
Rajoy del PP y Rubalcaba del PSOE ya hacen saber "que va a ser que no", "para nada Consulta". ¿Quieren constituir un gobierno de salvación nacional española entre el PP y el PSOE, amparándose en la Constitución de 1978 y la Monarquía, en contra la Consulta en Cataluña?
 
Una ruptura democrática se ha iniciado. Para EUiA se trata de pasos hacia la República Catalana. Quien sueñe con el fracaso de la Consulta, que no se llegase a hacer, entonces el resultado será fuera de las izquierdas y de toda concepción democrática federalista. Una No Consulta oscilaría hacia el bando de la derecha dura y de la suspensión de la Autonomía catalana.
 
El proceso en Cataluña abre una importante oportunidad en España. Defender el derecho a la ejecución de la Consulta catalana, permite combatir el frente recortador y denunciar todo frente nacional pro-mantenimiento de la Constitución de 1978 coronada entre PP, PSOE y UPyD (más C's). ¿Dónde se ubicará el PSC?
 
En el Estado español, en España, en el Reino de España, se podría iniciar la defensa de la soberanía ciudadana, con una Consulta estatal con una 1ª pregunta: ¿Qué forma de Estado se quiere, Monarquía o República? , Y si es en el caso de la segunda opción, Federal, ¿sí o no?

Francesc Matas en el Boletín electrónico de EUiA.



martes, 17 de diciembre de 2013

Madrid: luchar contra la pobreza. Por Carlos Girbau





El pasado 14 de noviembre el grupo parlamentario de Izquierda Unida –Los Verdes de la Comunidad de Madrid presentó en la Asamblea, la cámara parlamentaria de dicha comunidad autónoma, la Ley de Derechos Vitales Básicos. Dicha proposición, a la que el PP con su mayoría absoluta se encargó de cerrarle el paso, representa un ambicioso esfuerzo que incluye un conjunto de medidas para mejorar de manera inmediata la situación de pobreza que viven un número creciente de ciudadanos. Una pobreza que ya alcanza, según el índice AROPE, al 19,6% de los madrileños.

La Ley de Derechos Vitales Básicos (LDVB) hubiera significado el establecimiento de una renta social garantizada, así como el acceso a derechos básicos como el agua, los alimentos, la energía, la vivienda o el transporte, que irían más allá de la población que actualmente se beneficia de la Renta Mínima de Inserción (RMI).

La Ley, que consta de 36 artículos, se acompaña de una memoria económica la cual indica cómo obtener los 2.971 millones de euros necesarios para ponerla en marcha. Tal financiación se puede resumir en un incremento de la recaudación fiscal de la Comunidad por una vía sencilla: terminar con los enormes regalos impositivos de los que hoy disfrutan el 3,5% del conjunto de los declarantes, es decir, los muy, muy ricos.

Una rápida radiografía de Madrid
A tenor de los datos de su propio gobierno, la Comunidad de Madrid (1) es la más rica de España. Su PIB por habitante (según el Instituto Nacional de Estadística) es de 29.731€, el 135% del promedio de la UE. Además, Madrid genera 1 de cada 5€ de actividad económica española. La Comunidad alberga la capital del Estado y ello, que conlleva sus servidumbres, constituye a la vez una ventaja en aspectos tan básicos e importantes como comunicaciones, acceso al capital y a las inversiones, o formación de su población. Por último, Madrid no tiene un territorio muy extenso, ni grandes dificultades de acceso por su orografía, y cuenta con una población de cinco millones seiscientos mil habitantes. En consecuencia, la Comunidad de Madrid reuniría todas las condiciones para ser un territorio en el que la pobreza no existiera, y no como está sucediendo, un lugar donde no deja de incrementarse (2). 

Las razones de este aumento se hallan mucho más ligadas a las líneas políticas seguidas durante más de tres lustros por los gobiernos del Partido Popular, incluidas las desarrolladas en época de crecimiento de la economía, que a la propia crisis en la que nos encontramos inmersos. 

Desde el inicio de la recesión, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la mayoría de los ayuntamientos de la región, han profundizado una política que aplica una supuesta austeridad y que nos es otra que rebajar impuestos a lo más ricos, reducir el salario y número de los empleados públicos, y transferir la mayoría de los servicios públicos al sector privado para así, teóricamente, “sanear la economía” (3). Seis años después del comienzo de la crisis, a las cifras de pobreza antes reseñadas, hay que sumar 80 desahucios diarios y más de 655 mil personas en el desempleo, de las cuales más de 300 mil ya no tienen prestación económica alguna. 
Por otra parte, se está produciendo un continuo incremento de las tarifas de servicios básicos universales e imprescindibles como la electricidad, el agua o el transporte que están poniendo en grave peligro su acceso para un importante número de familias. A su vez, la política de privatizaciones está provocando un caos en la atención sanitaria, un alargamiento enorme de las listas de espera, así como un desaprovechamiento de los recursos e inversiones realizados con anterioridad. En los centros de estudio, la masificación en las aulas sigue creciendo; 1 de cada 2 familias ha renunciado a una plaza en una escuela de Educación Infantil por no poderla pagar; 110 mil niños y niñas se han quedado sin beca de comedor y varios miles van mal alimentados diariamente al colegio; más de 300 mil alumnos han perdido las ayudas para la compra de libros de texto y material escolar. En las aulas, faltan más de mil profesores; las tasas universitarias siguen subiendo, mientras, como decimos, las becas se reducen. En el campo de las políticas sociales se tiende, sin disimulo, a “permutar” derechos por la caridad. Hoy, más de 20.000 personas en situación de dependencia siguen en el “limbo” social y carecen de prestación. 

De todo lo anterior se desprende que la supuesta austeridad representa un fracaso estrepitoso. La aplicación durante más de 3 lustros de un neoliberalismo extremo sólo ha logrado sumar a las cifras antes descritas el que la inversión productiva huya de Madrid, la pequeña empresa y el pequeño comercio se hallen asfixiados y la deuda pública haya pasado en 5 años de 6.800 millones a 23.000 millones de euros. 

Las principales propuestas de la Ley

En los últimos años, a diferencia de la Comunidad de Madrid, diversas comunidades autónomas del Estado español han modificado legalmente la naturaleza de las rentas mínimas, pasando de considerarlas “ayuda” a entenderlas como derecho subjetivo. La proposición de Ley que nos ocupa plantea que Madrid se sume a esa misma corriente, es decir, que establezca que existen un conjunto de derechos vitales básicos que han de ser garantizados por el Gobierno para el conjunto de la población y que, por tanto, deben configurar una partida específica contemplada en los presupuestos.
En segundo lugar, la LDVB representa también un avance democrático al consagrar un abanico de derechos que van más allá de la RMI. A través de ellos se garantiza no sólo un ingreso económico (mejor que la RMI), sino también una vivienda o unos suministros indispensables, que a su vez son garantía de una vida digna para muchas personas.

En tercer lugar, la Ley demuestra que, usando el marco legal y competencial existente en la Comunidad de Madrid, es posible avanzar en la consecución de derechos y mejorar así la situación de una parte importante de su población. De hecho, la memoria económica que acompaña la Ley demuestra que existen medios para combatir el fraude fiscal, que tanto daño hace a las arcas públicas, y cobrar impuestos hoy eliminados, caso del de patrimonio y otros[1], los cuales permitirían financiar la Ley. 

En resumen, si la pobreza crece no es debido a la “fatalidad” del momento, sino y, sobre todo, a la acción del gobierno que aplica una política neoliberal extrema.

La LDVB y la Renta Básica

El hecho de adaptarse al marco legal existente hoy en Madrid, incluido el general impositivo, hace que la Ley desnude el fondo político del actual crecimiento de la pobreza en la Comunidad. Pero a la vez permite poner sobre la mesa un debate fundamental para el conjunto de lo que se ha dado en mal llamar “políticas sociales”: la conveniencia o no del establecimiento de una Renta Básica Universal dineraria e incondicional para todas las personas. En otras palabras, se trataría del reconocimiento del derecho a existir, con plenitud de su contenido como derecho democrático básico para el conjunto de la población, no sólo para una parte.
En este sentido es necesario aclarar que si bien la Ley no rompe con la lógica de ser una renta condicionada, incompatible con las rentas del trabajo. Precisamente en un momento en el que las rentas del trabajo no impiden que una cantidad cada vez mayor de trabajadores, como consecuencia de la bajada general de los salarios y la fragmentación del mercado laboral, sean pobres. 

De acuerdo con lo anterior la propuesta mantiene la lógica del falso símil: “empleo igual a trabajo”. Es reconocido, sin embargo, que existe en la sociedad una gran cantidad de trabajo realmente realizado, sobre todo por mujeres, que no es entendido como empleo al no estar remunerado. Sin quebrar la idea de que el trabajo es igual al empleo, resulta imposible llegar a considerar la aportación positiva que realizan miles de personas para el mantenimiento y funcionamiento de la sociedad. Porque no habrá empleo, pero lo que no falta, es trabajo.
Finalmente, el hecho de que la LDVB carezca de carácter universal focaliza la medida en determinados segmentos de la sociedad y, con ello, a pesar de combatirla, no deja de “estigmatizar” la pobreza. Por el contrario, una renta básica universal, que obtendría los recursos necesarios para su financiación de la misma forma selectiva que LDVB (carga impositiva a los más ricos), extendería sus efectos sobre toda la sociedad sin concentrar éstos únicamente en una fracción de la misma. Ello evitaría la estigmatización mencionada y transformaría el derecho a existir en un derecho básico universal, al mismo nivel que la educación o la sanidad, que son universales porque se poseen y ejercen sin condicionante alguno por el hecho de ser ciudadanos.
Los comentarios anteriores no restan, como ha resaltado la prensa y en conjunto de entidades sociales que la han avalado, un ápice de importancia a la propuesta de Ley defendida el pasado 14 de noviembre por Izquierda Unida- los Verdes en la Asamblea de la Comunidad. Representa un paso adelante muy significativo y posibilita sacar a la palestra un debate más profundo y más complejo sobre los derechos de las personas, un debate que en su momento el Foro Social de Madrid encaró a través de su propuesta de Carta de Derechos de Ciudadanía en la que sí se incluyó la defensa de la Renta Básica Universal.

Notas:

(1) www.madrid.org

(2) Según el estudio presentado por EAPN en 2013 sobre la evolución del riesgo de la pobreza y la exclusión en Madrid, en lo que se refiere a los indicadores de riesgo de pobreza y exclusión social, la tasa de riesgo de pobreza en la Comunidad de Madrid se situó, en 2011, en el 15,9% de su población total y la tasa AROPE alcanzó el 19.2%. La proporción de personas en situación de pobreza extrema se situó en el 2,9%. Finalmente, la proporción de personas en situación pobreza muy grave, que se estima a partir de un umbral del 40% de la renta del hogar, está alrededor del 6,7%. Se trata del registro más elevado desde 2008.

(3) La Comunidad de Madrid hay un 19,6 % del PIB de fraude y evasión fiscal. Si esa cifra se redujese en 10 puntos la recaudación adicional en la Comunidad de Madrid sería de 6.845.017 euros, según las estimaciones de GESTHA. Según este mismo sindicato cada madrileño tributa 2.000 euros más como consecuencia del fraude y de la evasión fiscal. Con la supresión del Impuesto de Donaciones y Sucesiones, Madrid ha dejado de ingresar 1.428 millones de euros anuales, de los que 1.100 millones de euros han sido un regalo que el Gobierno regional hace a los 50 mil contribuyentes que hacen donación. Con la supresión del Impuesto de Patrimonio el Gobierno de Madrid ha dejado de ingresar 630 millones de euros anuales, regalo que ha beneficiado a tan sólo el 7% de los 2,3 millones de contribuyentes madrileños. Con esta medida se ingresarían 2.758 millones de euros más al año.

Carlos Girbau es coordinador del Foro Social de Madrid.



Fotos: Sergio Escalante del Valle
http://sergioescalantedelvalle.tumblr.com/

lunes, 16 de diciembre de 2013

La ruptura con el Régimen empieza con la consulta en Cataluña.

 
Hasta el jueves todo lo escrito, dicho, hablado, comentado... sobre la consulta de autodeterminación en Catalunya (el llamado Derecho a Decidir) a favor o en contra pertenecía a la categoría de “lo imaginable”. Todos los argumentos querían incidir y condicionar a favor o en contra sobre el primer hecho concreto y concluyente, real y no declarativo: La convocatoria de la consulta al pueblo de Catalunya el 9 de noviembre de 2014 en forma de doble pregunta: ¿Quiere que Catalunya se constituya en un Estado? En caso afirmativo, ¿Quiere que este Estado sea independiente?
 
La convocatoria ha sido acordada por seis partidos políticos representados en cuatro grupos parlamentarios: Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya-Verds i Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) i la Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa d’Esquerres (CUP-AE).
 
La propia convocatoria ya implica un acto de ruptura con el Régimen, permita éste la consulta o no. En un hecho histórico y sin precedentes. No se habría llegado hasta aquí sin la movilización popular. Este es el hecho diferencial del proceso en Catalunya: la masiva movilización popular, pacífica, transversal, interclasista por un objetivo democrático: una consulta al conjunto de ciudadanos de Catalunya sobre la relación de Catalunya con el Reino de España. Esto no debe olvidarse, el proceso hacia la consulta ha llegado hasta aquí por la fuerza de la gente, está en la base de la “ruptura democrática” con el actual ordenamiento jurídico y político.
 
Es en la movilización popular donde radica la legitimidad de una consulta que cuenta con el respaldo muy mayoritario –superior al 75%- de la ciudadanía en Catalunya y con la mayoría de partidos catalanes en el Parlament. Todos ellos se comprometieron a convocarla y lo han cumplido. Esto también es un “hecho diferencial”.
 
La imagen de unidad refuerza el objetivo democrático de la consulta. Sólo el PSC decidió marginarse, planteando que era necesario un acuerdo previo entre el gobierno de Rajoy y el gobierno de Mas. Un acuerdo que Rajoy descartaba de antemano y que, además, dejaba la “negociación” en manos de los gobiernos y no de las fuerzas políticas en el Parlament y, por tanto, de la representación popular. El PSC ha dimitido de facto de la política y se ha puesto en manos de Mas y de Rajoy, como antesala para situarse contra la consulta, al lado del PP y Ciudadanos en Catalunya y al lado del PP y el PSOE en España, como se plasmó en el brindis ante la Delegación del Gobierno en Catalunya. El PSC ha mutado de ser el partido principal del catalanismo político a un psocialismo a la vasca dentro del bloque identitario.
 
Las Preguntas
 
La doble pregunta permite a todos los partidarios de cambiar el “statuts quo” actual (el Estado de las autonomías, en pleno proceso de recentralizador del gobierno del PP) defender  la celebración de una consulta de autodeterminación y votar Si a un Estado catalán. Con ello es posible que la primera pregunta sume entre un 60 y un 70% de la ciudadanía. A quienes voten afirmativamente a la primera pregunta, se les pide si quieren que ese Estado sea independiente. Las encuestas dan a esta segunda opción una mayoría del 55%, que significarían el 45% del censo. Pero ya veremos… tiempo al tiempo. Lo primero era la convocatoria, ahora se trata de que esta se celebre y en el proceso se gestará el resultado.
 
El acuerdo incluye solicitar al Estado Español la autorización para hacer la consulta mediante la cesión de la competencia por la vía del artículo 150.2 de la Constitución. Para ello el Parlament de Catalunya aprobará una resolución que se trasladará al Congreso de los Diputados, donde se votará. Paralelamente la presentarán los diputados catalanes en el Congreso, por si la Mesa del Congreso no acepta que sea trasladada por el Parlament o la retrasa sine die.
 
En esta votación es probable que el “sector soberanista” del PSC vote conjuntamente (cinco diputados como máximo) con los partidos que la han propuesto. La dirección del PSC se ha mostrado totalmente en contra y ya ha lanzado el mensaje de que pueden ser expulsados y consumar así la crisis permanente en las bases del socialismo catalán. Si tres de ellos rompen la disciplina de voto y votan a favor, la resolución se aprobaría 2/3 de los diputados del Parlament. Esta cifra, aunque no es necesaria para la aprobación de la resolución, sí tiene un alto valor político y simbólico.
 
La convocatoria de la consulta ha tenido el apoyo de multitud de entidades, especialmente de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) impulsora, junto a Ómnium, de la Vía Catalana que sacó un millón de personas a la calle reclamando el derecho a la independencia.
 
Especialmente significativo es el apoyo inmediato de los sindicatos, especialmente de  CCOO y UGT, a las preguntas y la fecha. Sin duda, son garantía de uno de les ejes del catalanismo -“un único pueblo” (un sol poble)- y del carácter social de la consulta, entendida no como un debate de identidades entre catalanes y españoles, sino como un debate sobre qué comunidad política y social quiere ser Catalunya. Su apoyo incondicional llevará la consulta a las fábricas en forma de: ¿Qué país queremos?
 
No es una negociación entre partidos en un despacho
 
El derecho a decidir de la ciudadanía no ha sido una negociación entre partidos en un despacho, al margen de los que reclaman la mayoría. Y ello implica una consulta donde cada voto vale igual y cada ciudadano decide como debe ser la relación entre Catalunya y España: Si o No. Y gana la mayoría.
 
Empieza la “cuenta atrás”. Quedan 11 meses.
 
La propia convocatoria de la consulta es uno de los hechos más relevantes y transcendentales desde la Restauración borbónica y su régimen bipartidista. En el edificio constitucional sobre el que está basada la dominación de clases en el Reino de España, están apareciendo grietas: la debilidad de la Monarquía y sus escándalos, la pérdida de apoyo al bipartidismo en todas las encuestas, la sumisión de los derechos sociales a los mercados con la reforma exprés del artículo 135, la crisis del ordenamiento territorial y el estrangulamiento financiero de la España de las autonomías…
 
Los primeros cálculos del gobierno del PP, con el acuerdo del PSOE de Rubalcaba, eran que las élites catalanas y el desmarque del PSC harían descarrilar el proceso y nunca habría una convocatoria. Las diferencias y contradicciones entre los partidos catalanes eran aireados cada día: no se pondrán de acuerdo en la pregunta y la fecha. Si no se convocaba la consulta y era por disensiones entre los partidos catalanes, “muerto el perro, muerta la rabia”.
 
El PP optó por no hacer nada, esperar, como decían, que el “suflé” se desinflé y los partidos catalanes acabasen enfrentados entre sí. Era el pronóstico de la FAES, el think tank de Aznar y la derecha extrema: “antes se romperá Catalunya que España”. De momento la convocatoria es una derrota de los postulados de Aznar. Buen síntoma.
 
Para ello desplegaron los argumentos del miedo (fuera de la Unión Europea, fuera de la OTAN, no se podrán pagar la pensiones, el paro…); forzaron declaraciones de dirigentes europeos, de las élites empresariales españolas y catalanas; inventaron “terceras vías”, bien fuesen de “autonomismo reforzado” con Duran i LLeida a la cabeza o “soluciones federalistas” con Pere Navarro a la cola y así atizar al máximo las disensiones; amenazaron con congelar el Fondo autonómico de liquidez y los pagos de la Generalitat…
 
Ahora la pelota pasa a estar en el tejado del gobierno del PP. La primera respuesta ha sido de negación absoluta ante la reclamación de una consulta democrática. “Nada que hablar, nada que negociar”. Contra la consulta, el imperio de la ley (la Constitución), la historia (somos la nación más antigua del mundo), la Unión Sagrada del régimen monárquico: “Rajoy y yo lo tenemos todo hablado: no habrá consulta”, según Rubalcaba. Lo que es posible entre el Reino Unido y Escocia, entre Canadá y el Quebec, no es posible entre el Reino de España y Catalunya.
 
Los que cambiaron en 48 horas la Constitución y lo hicieron por orden escrita de la troika, para sacrificar los derechos sociales del conjunto de españoles en favor de la banca e instaurar el gobierno de la deudocracia y el austericidio sin consultar al pueblo soberano, ahora secuestran la soberanía nacional para negar a una parte del pueblo una consulta en la que sea preguntado si quiere, libremente, seguir formando parte del Reino de España o si quiere cambiar su estatus, conformando un Estado federal o independiente.
 
A esa idea de España centenaria de Rajoy, hecha bajo el imperio (primero de las armas, ahora de la ley) le es difícil entender que la relación entre sus pueblos ha de estar basada en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Cualquier respuesta que no sea autorizar la consulta y rehacer la relación entre los pueblos en una libertad querida, no hará más que ahondar el distanciamiento. En los gobernantes del régimen falta inteligencia y falta política, entendida como herramienta para solucionar conflictos y no para enquistarlos y engrandecerlos.
 
Negar, prohibir la consulta implica, más allá de las palabras, decisiones que en sí mismas son un nuevo elemento de ruptura del régimen. Ya no estará basado en el “pacto constitucional”, una parte del pueblo español (el catalán que quiere ejercer la autodeterminación) habrá sido expulsado de él.
 
Prohibir la consulta, suspender la autonomía… reclaman dirigentes del PP y el PSOE. Enviar al ejército… clama de la derecha extrema. ¿Realmente que implica? ¿Un gobierno técnico desde la capital del Estado sin ninguna legitimidad democrática, que seguirá aplicando una política de recortes sociales? ¿Qué consecuencias en la escena internacional? ¿Qué reacción tendrá el pueblo catalán, cómo se le reprimirá? Todo esto para prohibir una consulta democrática. ¿Puede el PSOE avalar una involución de este calado sin mutar aún más, puede avalar un gobierno del PP que acentuará su autoritarismo? Prohibir la consulta catalana tendrá el coste de arruinar la débil democracia española y no solucionará las causas profundas del conflicto.
 
PP y PSOE siguen viendo el proceso catalán como un paralelismo de la consulta planteada por el Plan Ibarretxe, que proponía “un Estado vasco libremente asociado”. La negativa del Congreso de los Diputados, con Zapatero a al cabeza, y la suspensión de la propuesta por el Tribunal Constitucional acabaron con la dimisión de Ibarretxe y la convocatoria de elecciones autonómicas. Su proyecto se disolvió. Pero era un proyecto pactado “desde arriba”, entre los partidos (PNV, EA, EB i Aralar), aunque fuera en el marco del parlamento vasco.
 
La diferencia sustancial con el proceso catalán está, de nuevo, en la movilización popular, que ha ido por delante de los partidos: la convocatoria de la consulta es una respuesta a esa movilización popular.
 
Las encuestas de antes y después de la convocatoria ratifican esa mayoría. La última, del 14 de diciembre, sitúa el apoyo en su punto más alto y reclama que el gobierno de Rajoy la autorice. Incluso una parte nada despreciable de votantes del PP o C’s se muestran partidarios de la consulta. Entre los votantes del PSC, por encima del 50%. En el Estado Español (contando Catalunya) ya son mayoría los que son partidarios que se autorice la consulta (48,5%) y que sean únicamente los catalanes los consultados (47%).
 
La izquierda española
 
La izquierda española no puede hacer seguidismo del PSOE. Su “solución federal” supeditada a una reforma de la Constitución que niega el derecho de autodeterminación, que el PP jamás aprobará, sólo puede pretender apuntalar el régimen y ganar tiempo hasta las elecciones de 2015, sin dar ninguna salida.
 
La izquierda alternativa española, que ha denunciado consecuentemente el régimen de la restauración borbónica, sus prácticas corruptas, su sumisión a los mercados y las multinacionales para seguir expropiando a las clases populares, ha de tener una posición activa y sostener el derecho a decidir de Catalunya.
 
La izquierda transformadora tiene un aliado en la consulta planteada en Catalunya, un aliado en la radicalidad democrática que implica per se una transformación. Es también la oportunidad de movilizar para una consulta imprescindible en España: ¿Qué forma de Estado quiere, Monarquía o República? Y en caso de República, ¿Federal? Si o No. Ha de poder decidir el pueblo.
 
Izquierda Unida y las izquierdas nacionalistas (BNG, Anova, Amaiur, Compromís, Geroa Bai…) se han posicionado a favor de que el pueblo catalán sea consultado. IU es la única formación estatal que lo ha hecho y esto le da una legitimidad democrática que implica un gran capital político, como la que tuvieron los comunistas en la lucha contra la dictadura. Su defensa de una república federal que reconozca el derecho a decidir de los pueblos implica plantear el único proyecto capaz de construir un escenario común y fraternal aceptable para la mayoría de los catalanes.
 
El reto es conseguir esa república federal y el derecho a la autodeterminación y ahora es mañana. Para las fuerzas de izquierdas en Catalunya esta alianza ha de dejar de ser sólo posible, para convertirse en un activo para ganar la hegemonía social desde los valores sociales de la izquierda, para situar la consulta no en un debate de identidades (españoles contra catalanes) sino en un debate social, que parta de reconocimiento de Catalunya como una nación, con soberanía para decidir su futuro.
 
La consulta en Catalunya es pues, una aliada de los objetivos de cualquier republicano y cualquier federalista español, que no entienda, como hace el PSOE, el republicanismo como un epíteto decorativo que sacar a pasear de vez en cuando, ni el federalismo como sinónimo de unión forzada. El futuro está en la libertad, la igualdad y la fraternidad entre los pueblos.
 
Por unos Estados Generales de las izquierdas sociales y políticas
 
Ahora bien, las izquierdas catalanas, sindicatos, asociaciones, mareas, plataformas… han de aunar sus fuerzas no sólo en las luchas de resistencia contra los recortes sociales, la crisis, los despidos, los presupuestos de CiU… y exigir a ERC que deje de dar apoyo a este gobierno autonómico conservador, privatizador y de derechas.
 
El objetivo de la izquierda ha de ser ganar la hegemonía social durante y después del proceso que se va a vivir, haya consulta o esta sea impedida por el Estado. Las izquierdas catalanas no pueden contentarse con dar apoyo a la consulta apelando al principio formal de la democracia. Hay que dotar a ese futuro Estado por el cual se pregunta de esqueleto, de músculos, de alma.
 
¿Una República catalana? ¿Con qué valores, con que principios, con qué orden social? La izquierda ha de disputar a CiU el gobierno y a la burguesía catalana el poder. Y sólo puede hacerlo desde la confrontación sobre el país que queremos, sobre los derechos sociales, los servicios públicos, la educación y la sanidad pública, la economía del bien común, el derecho a la vivienda y la paralización de los desahucios, una banca pública y ética, desterrando la corrupción y con los valores republicanos, con la revocación de  los cargos públicos y un gobierno basado en la honestidad y la ética, radicalmente transparente y en el que el pueblo pueda decidir en la cuestiones transcendentes ...
 
Es necesario que las izquierdas, todas las izquierdas catalanas, sean capaces de configurar un espacio común en el cual definir -con el máximo apoyo popular- un programa, una especie de “Constitución”. La consulta de autodeterminación forma parte de los valores de la izquierda, ahora es imprescindible contestar a cada trabajador que tipo de Estado sería un Estado catalán y cómo de social y democrático sería, cómo estaría al servicio de las clases populares. Es la única manera que estas se movilicen para que la “libertad nacional” sea a la vez “la libertad social”. Y no hay mejor reto que este. 

David Companyon i Costa es diputado al Parlament de Catalunya por ICV-EUiA y miembro de la Comisión Nacional de EUiA y del Comité Político Federal de IU
 
 
Por David Companyon, publicado en sinpermiso: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6513