Javier Cobo
El pasado 4 de febrero más de 2.000 sindicalistas de Comisiones Obreras desbordaron el Salón de Actos de la Unión de Madrid.
Fue un acto público masivo organizado en tan solo 48 horas (lo que muestra el grado de interés, de unidad y de combatividad de las Comisiones Obreras de Madrid) en el que nuestro Secretario General, José Ignacio Fernández Toxo, explicó con meridiana claridad la opinión de nuestro sindicato ante las últimas medidas anunciadas por el Gobierno.
Toxo tildó de “Plan de Estabilización” el recorte del gasto público de 50.000 millones de euros en tres años y denunció que las necesidades de la economía española van en la dirección contraria. Si se recorta el gasto social y las inversiones públicas, será imposible una salida de la crisis que genere un nuevo modelo productivo que recupere la actividad y el empleo. El gasto social en España está muy por debajo de la media de la UE-15 y aún tenemos recorrido para que se sitúe en la media de los países europeos más avanzados. Pero para eso hace falta una reforma fiscal que grave las rentas de los sectores sociales más ricos y no una contrarreforma que hace que recaiga el peso de la fiscalidad sobre la clase trabajadora.
Denunció al gobierno como “cuadrilla de aficionados” que mientras que anuncia solemnemente que no “realizará recortes sociales”, se ve dominado por el pánico ante el catastrofismo del “Financial Times” y la necesidad de que España aparezca como un gobierno “responsable” que sigue al pie de la letra las recetas neoliberales en el Foro de Davos. Es esta falta de rumbo y esta visión a corto plazo la que explica el giro a la derecha del gobierno Zapatero.
Denunció como injustificado el recorte de las pensiones (el alargamiento de la edad legal de jubilación a los 67 años supondría un recorte del 1 % del PIB en gasto social al año). Recordó que atrasar la edad de jubilación resulta innecesario en España, pues existe un sistema de jubilación flexible que permite al mismo tiempo jubilaciones anticipadas con penalizaciones en la pensión y la posibilidad de permanecer en el mercado laboral más allá de los 65 años, con una ligera bonificación en la pensión.
Este sistema, destacó Toxo, ha permitido que en los últimos cinco años la edad real de jubilación se haya elevado desde los 62,5 años a 63,5 años y que un 15% de trabajadores que habrían de jubilarse a los 65 lo están haciendo a los 66, 67, 68 años e incluso alguno más. "Una cosa compensa la otra. Eso es lo que habría que incentivar y no enviar un mensaje tan negativo sobre el futuro de la Seguridad Social como el que se desprende de la iniciativa que ha planteado el Gobierno", dijo. Teniendo en cuenta que en tan sólo 5 años la edad real de jubilación se ha elevado, el recorte es injustificado. Adelantó la voluntad del sindicato de que, desde el rigor que caracteriza nuestras propuestas, se combine la mejora de las prestaciones con la viabilidad económica-financiera del sistema (con medidas como separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, el aumento a 1.100 euros del salario mínimo para que aumenten las cotizaciones sociales o la persecución del fraude fiscal y la economía sumergida para que afloren rentas ocultas).
Toxo advirtió al Gobierno que “pasarán por encima de Comisiones Obreras” antes de que nos impongan esta contrarreforma de las pensiones y anunció una posición vigilante del sindicato ante la anunciada reforma laboral.
En este sentido anunció que Comisiones Obreras (en unidad con UGT) impulsará una movilización general que inundará las calles de España en la última semana de febrero.
El Gobierno y el PSOE han mostrado en estos días sus posiciones erráticas y sus contradicciones internas. Se ha “caído” el alargamiento del período de cálculo de las pensiones de 15 a 25 años (un documento que enviaron a Bruselas y que luego retiraron), una reforma laboral en la que hablaban del contrato “único” que abarataría el despido se ha quedado en un documento de propuestas evanescentes, que promueve una reforma parcial del mercado de trabajo que refuerce el “contrato parcial” (mientras lo presentan como una panacea para la conciliación familiar, CCOO mantiene fuertes críticas como una nueva fuente de desregulación del mercado de trabajo).
En este contexto, UGT ha mostrado una posición mucho menos firme. Se sumará a las movilizaciones de la última semana de febrero porque 2010 es un período álgido de las elecciones sindicales en todos los sectores productivos y no puede aparecer como avalista de un recorte social de estas características. Pero teniendo en cuenta que el Gobierno ha retirado los elementos más conflictivos de la reforma laboral y que en el trámite parlamentario del recorte de pensiones no será fácil que encuentre aliados, UGT no hará el gasto en la movilización de febrero. A diferencia de CCOO, no han convocado ningún acto público ni han difundido en las empresas ningún documento con su posición.
En estas coordenadas complejas (un Gobierno que gira a la derecha y una UGT que no muestra la suficiente firmeza porque confía en que habida cuenta de las contradicciones internas en el Gobierno y el PSOE pueda condicionarle y que retire los aspectos más negativos de sus propuestas), el Consejo Confederal de Comisiones Obreras celebrado el 9 de febrero ratificó el Acuerdo de Negociación Colectiva para los próximos tres años. Un acuerdo que más allá de una indicación de una subida salarial moderada del 1 % para este año (y algo mayor para los otros dos años de vigencia) condicionada a un evanescente compromiso de que los empresarios reinvertirán beneficios en inversión productiva y crecimiento del empleo, sirve para que CCOO no aparezca como aislada e incapaz de que alcance compromisos en la negociación colectiva. Frente a ultraizquierdistas de diverso pelaje, hemos de señalar que no es igual el ANC en un contexto de crisis, con un incremento de 1,8 millones de parados en dos años, que la moderación salarial firmada anteriormente en un contexto de crecimiento económico. Para los que no advierten diferencias en la evolución del debate sindical y claman (al margen de cualquier coyuntura) contra las “burocracias” entregadas al capital, señalamos que Fidalgo (nuestro anterior secretario general) ha abrazado sin ambages la posición del Gobierno de atraso de la jubilación a los 67 años y de ampliación del período de cálculo de 15 a 25 años. Mientras redactamos estas notas, Fidalgo (en su segunda aparición en el debate público, la primera fue en apoyo de UPyD en las elecciones europeas), repite estas tesis en Telemadrid. Los que decían que era igual en CCOO que eligiésemos a Toxo que Fidalgo, ¿no notan la diferencia?.
En conclusión, en la última semana de febrero nos jugamos mucho, para que paremos los recortes sociales y obliguemos a que la crisis no la paguemos la clase trabajadora, las gentes de la izquierda y de las CCOO hemos de emplear nuestros mayores esfuerzos.
