La Declaración de IU, ICV, EUiA sobre el derecho
a decidir y el modelo de Estado ha causado una gran impacto político. Es lógico
y justo.
Es un gran paso en la convivencia entre los
pueblos, entre sus izquierdas y, en especial, en la solidaridad política de la
clase trabajadora de los diferentes pueblos y naciones que forman parte del
Estado español, del Reino de España, o de España, a secas. Todas esas
denominaciones usa la Constitución española de 1978.
El contenido de la declaración del 29 de mayo de
2013 señala que se basa en "el principio del derecho a la
autodeterminación de los pueblos", con el compromiso en "Apoyar el
ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña y de los otros pueblos
del Estado que manifiesten su voluntad de ejercer este derecho".
IU, junto a ICV y EUiA, explican que se trata de
la "construcción de una mayoría política y social favorable al ejercicio
del derecho a decidir; en el compromiso político de acatar los resultados y de
impulsar las negociaciones necesarias para concretar la voluntad de la
ciudadanía".
En su forma el acuerdo también es importante pues
se realiza entre una organización de izquierda estatal -IU- y dos
organizaciones de la izquierda catalana -ICV y EUiA-, estas dos coaligadas,
pero procedentes de una etapa de rupturas en España y en Cataluña.
Este acuerdo se basa en la situación política de
crisis económica y estatal, en la orientación de la 6ª Asamblea de EUiA de hace
un año, en junio de 2012, la X Asamblea federal de IU, en diciembre de 2012, y
la recién celebrada 10ª Asamblea Nacional de ICV de mayo.
Las tres organizaciones que se denominan de la
izquierda transformadora, adoptan "construir una posición común sobre la
crisis constitucional que vive el Estado español y el derecho a decidir".
Consideran que "el sistema político caracterizado por el bipartidismo está
profundamente cuestionado", y que las políticas de recortes, la reforma
laboral y el bloqueo de la reforma del Estatut d'Autonomia de Catalunya, con
"el proceso de recentralización impulsado por el Gobierno del PP han
provocado una profunda crisis constitucional". Se vive "un proceso de
involución autonómica y de recentralización", que "afecta también a
los municipios" y se "vacía de contenido el poder local".
Se analiza que "la desafección hacia el
Estado tiene bases objetivas y es ampliamente compartida en Cataluña",
donde las grandes manifestaciones de 2010 y 2012, junto a las elecciones
"ponen de manifiesto que la mayoría de la ciudadanía de Cataluña no acepta
el actual marco estatutario y constitucional y reclaman ejercer el derecho a
decidir para resolver la actual situación", sigue con "el actual
Estado de las autonomías y el marco constitucional han de ser superados en un
proceso que reconozca el derecho a decidir y garantice todos los derechos
sociales".
Los firmantes alertan "En ningún caso puede
esgrimirse la Constitución o la legalidad para oponerse a la celebración de un
referéndum en Cataluña (...) las leyes pueden ser reformadas para hacer posible
que la ciudadanía pueda ejercer el derecho a decidir libremente su futuro.
Estas izquierdas estatales y nacionales observan
que "La celebración del referéndum no supone el final del proceso. Una vez
conocida la decisión de la ciudadanía de Cataluña, deberán acordarse los
cambios constitucionales necesarios para hacer posible la voluntad
popular".
A la ciudadanía y su representación política le
corresponde "acordar una relación entre Cataluña y el Estado sobre nuevas
bases", desde "el reconocimiento constitucional del carácter plural
de un Estado", "que quedó sin solución durante la Transición".
En este sentido "están firmemente comprometidos en el inicio de un proceso
constituyente en el conjunto del Estado y de Cataluña".
Esta, insisto, importante aportación política
para un desenlace democrático en España, tiene su telón de Aquiles, su punto
débil en las concesiones y conciliación con el mantenimiento de un Estado
español, establecido como una Monarquía, y sustentado en un nacionalismo
español hegemónico y dominante.
El eje que subyace y aflora en la declaración es
la reforma constitucional, en vez de la ruptura con la Monarquía post
franquista y la Constitución de 1978. Es esta Carta Magna la que consagra un
Estado centralista, niega los derechos básicos de sus pueblos, y se estructura
en función de los privilegios de las grandes finanzas, las clases poseedoras,
el tutelaje jurídico de las Fuerzas Armadas (garantes de la unidad de España),
la omnipotencia de la Administración de la Justicia, la estatal y los
privilegios de la Iglesia católica.
Las tres organizaciones se autolimitan en la
perspectiva política al defender "avanzar hacia un modelo de Estado
federal", como si no hubieran otras posibilidades tan democráticas como
ésta, como puede ser una Federación o Confederación de Estados, Repúblicas, que
es precisamente lo que ha de decidir la ciudadanía desde cada población-nación.
El derecho a la autodeterminación tiene su
esencia democrática y revolucionaria en la libertad de separación del pueblo y
nación que lo ejerza y según decida. Es el derecho de Cataluña a decir SI a la
Independencia y a estructurarse como un "nuevo Estado de Europa".
Unas fuerzas de la izquierda transformadora, que incluyen las concepciones
federalistas republicanas y también las revolucionarias sociales, han de ser
coherentes en la defensa radical de lo que decida el pueblo y la ciudadanía de
Cataluña, sin temores filisteos a la ruptura del Estado de la Monarquía y de
los banqueros. El combatir la gran propiedad y finanzas catalanas no tiene
porqué encorsetar a la izquierda a defender la unidad y fuerza del Estado de la
gran propiedad y finanzas españolas.
El futuro se limita de manera incoherente al
establecer "la necesidad de propiciar el diálogo entre las fuerzas
políticas del Estado y las fuerzas políticas catalanas para garantizar una
salida democrática y pactada a la crisis del modelo territorial del
Estado". Claro que hay que negociar, dialogar y pactar, pero desde una
ruptura política y jurídica para que pueda haber la soberanía en igualdad
suficiente para que los acuerdos sean firmes y reales entre las partes, sin que
haya una prolongación de la situación actual de dominio y dependencia que es lo
que provoca la crisis.
¿Y si una parte no quiere dialogar, garantizar, ni
pactar? Resulta ni más ni menos que esa es, hasta el momento, la parte del
gobierno y del Estado. ¿Y si el Estado no quiere negociar la celebración de un
referéndum en Cataluña como es el caso? ¿Qué hay que hacer entonces desde la
izquierda?
Nos hemos de plantear hasta que punto sirve la
experiencia de la II República que incumplió el Pacto republicanista de San
Sebastián y negó después la proclamación de la República Catalana. Sirve que la
dictadura franquista negara la realidad específica nacional de Cataluña, e
incluso prohibiera el uso de la lengua catalana. O que la Monarquía
constitucional estructurara un Estado de las Autonomías, de la mano de CiU, y
que el sentimiento popular impulse con fuerza masiva la Independencia y el
Estado nuevo.
Cuando se indica que "el ejercicio del
derecho a decidir debe basarse en la voluntad de negociación con el Estado
utilizando los mecanismos legales existentes o acordando su reforma", ¿qué
se dice y qué se va a hacer cuándo es obvio que no hay tal voluntad de negociación
ni de reforma por parte del Estado?
La concepción de reforma es una pura ilusión a la
que es posible agarrarse ni como clavo ardiente. Es como si se borrara toda
memoria histórica, pues se habla "de dar una oportunidad al diálogo para
un nuevo pacto, con una profunda reforma de la Constitución en un sentido
republicano, federal, plurinacional, y solidario que incorpore el derecho a
decidir de los pueblos que componen el Estado. ¿Cuántas decenas de años hay que
aguantar para dar esa oportunidad? ¿Porqué el PSC, desde L'Hospitalet de
Llobregat, empieza una campaña por el NO a la Independencia, y a la Consulta
libre, con un pacto municipal entre el PSC, PP y PxC (plataforma racista de
extrema derecha)?.
Hay que ver que precisamente para que pueda haber
otra Constitución, sea con reforma o con ruptura, se necesita la alianza firme
entre la clase trabajadora y con los pueblos que componen España, es decir los
que quieren seguir siendo España, y los que quieran ser Cataluña, País Vasco o
Galicia.
Otra incoherencia es mezclar "el siglo de
las soberanías compartidas... en el marco del Estado y de Europa". A no
ser que se considere compartir soberanía estar supeditados a las imposiciones
de la clase o del Estado más poderoso. Para que haya soberanía compartida democrática
tiene que ser un acuerdo entre soberanías libres, libremente decidido por las
partes en cuestión. Por lo tanto tiene que existir un punto de ruptura que
empodere y consiga la soberanía inicial, en su aspecto político y jurídico.
El documento del acuerdo finaliza con
"Trabajar conjuntamente de manera coordinada por un modelo de Estado
federal, plurinacional, social y republicano, que incorpore el derecho a
decidir".
Estaría muy bien si fuera el año 1977, cuando se
cocía la actual Constitución de 1978. Mucho ha llovido desde entonces. Resulta
que en Cataluña (para no citar a Euskadi que genera pulsiones indescriptibles),
las mayores, masivas y multitudinarias manifestaciones de 2010 y 2012
indican otra posibilidad de modelo estatal: "Somos una nación y Nosotros
decidimos", "Libertad, Independencia, Nuevo Estado de Europa".
Francesc Matas Salla
Aliarse con esta marea democrática nacional
popular hace conveniente y necesario complementar la propuesta de Estado
federal, con las de Federación de Estados y Repúblicas, o confederación.
