Democracia, Soberanía y suspensiones judiciales en Cataluña

De SinPermiso. David Companyon y Francesc Matas Salla*. El lunes, 6 de mayo, Artur Mas, como presidente de la Generalitat, convocó una “cimera” (cumbre) de partidos y organizaciones sociales para avanzar en la supuesta “hoja de ruta” del derecho a decidir. Excepto CiU y ERC, el resto de formaciones criticó amargamente la táctica de Mas de hacer reuniones de “cara a la galería” para hacerse la foto cuando la preparación había sido nula.  Herrera, de ICV-EUiA, lo resumió así: “Hemos ido a una reunión sin orden del día y salimos sin saber cuando nos volveremos a encontrar”. En estos cinco meses, desde la Declaración de Soberanía y el Derecho a Decidir hasta esta “cimera”, el papel del Parlament ha sido prácticamente nulo, igual que la movilización social. El Acuerdo entre CiU y ERC ha servido para hacer bascular el proceso hacía el Gobierno de Mas, que ha nombrado a dedo un Consejo de Transición Nacional, y multiplicar las reuniones entre los dirigentes de ambos partidos, Mas y Junqueras. Herrera explicó la desorientación del gobierno convergente: incapaz de hacer frente a las políticas de la austeridad que están llevando a Cataluña al colapso social, con multitud de manifestaciones contra los recortes sociales… pretende dirigir el proceso hacía la consulta como una adhesión del resto de las fuerzas políticas catalanas a sus intereses (a pesar de que las elecciones de noviembre supusieron un fracaso histórico para él y su partido, negándole la mayoría excepcional con la que pretendía liderar). Al mismo tiempo, sigue situando la política partidaria (no tocar los intereses de la burguesía) por encima de la movilización popular que supuso el 11 de septiembre. Navarro, del PSC, exigió a Mas la disolución del Consejo de Transición y la CUP se mostró cansada de reuniones inútiles.  PP y Ciudadanos arremetieron contra todo y contra todos. Si bien la gran mayoría del Parlamento catalán es favorable a la convocatoria en esta legislatura de la consulta sobre la relación entre Catalunya y España, el proceso hacía la consulta no cuenta con el mismo consenso y ello está impidiendo acumular fuerzas y legitimidad frente a un Estado que utiliza la Constitución no como herramienta de consenso, sino como un ariete para negar la soberanía de Catalunya como nación, la negociación política entre Catalunya y el Estado y un pacto político –como sí ha ocurrido entre Gran Bretaña y Escocia o Canadá y el Quebec- para ejercer un derecho democrático como es el derecho a la autodeterminación. Este era el escenario cuando el miércoles 8 de mayo, en medio del pleno del Parlament, llegó a mediodía, vía fax, la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno del PP (y la consiguiente suspensión por cinco meses) de la Declaración de Soberanía y el Derecho a Decidir. CiU y ERC confiaban que la Declaración -al no tener “disposiciones jurídicas” y ser sólo una “declaración de voluntad política”- no sería recurrible o al menos el Tribunal Constitucional no admitiría a trámite el recurso. Nunca antes el Constitucional había actuado en este sentido, nunca antes una Propuesta de Resolución había sido suspendida. Pero también es cierto que nunca antes habían salido a la calle un millón y medio de personas a decir claramente que Catalunya quiere un Estado propio y nunca antes el Parlament (que si había hecho declaraciones a favor de derecho a la autodeterminación de Catalunya –jamás impugnadas-) se había mostrado claramente decidido a ejercer ese derecho. Está claro que el Constitucional no es un Tribunal neutral sino que responde a los intereses del “Consejo de Administración de la transición” que conformó la restauración borbónica y tiene como miembros a los partidos del régimen. El recurso del gobierno Rajoy, con el beneplácito del PSOE de Rubalcaba, tiene una clara intencionalidad política: abortar cualquier diálogo, dinamitar cualquier vía que dentro de la legalidad permitiera una consulta democrática… por ello lanza al Constitucional por delante: no puede dialogar “porque no sería legal”. Es falso, como muchos constitucionalistas apuntan, pero como diría Andreotti: “si non e véro, e benne trobato” (si no es verdad, lo parece). Esa misma tarde del 8 de mayo, la sesión en el Parlament se abría con la constitución de una Comisión de Estudio sobre el Derecho a Decidir, apoyada por CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP (el 85% de los escaños de la cámara catalana). El PP y Ciudadanos exigieron su inmediata retirada del orden del día, acusando al resto de “desacato”, de “incumplir la legalidad”, de “desafío al Estado de Derecho”… Todos los grupos favorables tomaron la palabra en defensa de derecho y la capacidad del Parlament de crear la Comisión y la voluntad de ejercer la consulta… Finalmente, tras abandonar el PP sus escaños, la Comisión fue aprobada. Desde el gobierno Rajoy volvieron a resonar los ataques y las amenazas; UPyD volvió a pedir la suspensión de la autonomía. Hacia el choque de soberanías La democracia bipartidista del Estado monárquico español es realmente un modelo singular. Los republicanos, incluidos PSOE y PCE, se agarraron a la Corona como clavo ardiente para el tránsito desde la dictadura. Los franquistas pactaron un Estado de las Autonomías para todas las regiones, aunque expurgado del derecho a la autodeterminación. La Judicatura cambió algunos nombres para perpetuarse en clave familiar, como garante junto a las Fuerzas Armadas de los privilegios ancestrales del poder económico, de la Corona y de la Constitución. La Iglesia católica cedió en la laicidad formal, mientras mantenía sus propiedades y subvenciones a base de Concordato. Esta originalidad de la restauración borbónica española produce un efecto muy diferente según desde donde se viva. Desde la Barcelona post olímpica y el Parlamento de Cataluña, más bien fomenta incomprensión, indefensión y también estupor o beligerancia. Las filias y fobias de la rivalidad Barcelona-Madrid, la competencia económica, la angustia en torno a la lengua y la cultura, son expresiones del factor político diferencial entre soberanías y naciones que se consideran y se saben distintas.  El Estado de las Autonomías ya ha hecho su recorrido y agotados sus límites, con unos efectos que llevó a plantear la necesidad de una segunda transición autonómica que tuviera en cuenta la voluntad democrática soberana de cada nacionalidad. En este panorama, la crisis económica está acelerando todos los desaguisados. El margen de flexibilidad se liquida. La involución democrática afecta a Cataluña, con un vector en elevado ascenso que impregna el imaginario popular con la idea de que los problemas económicos, y de todo tipo, tienen su raíz en lo que se repite como "España nos roba". Quienes consideramos que los que roban no son la población española sino los poderes económicos estatales y también los autonómicos catalanes, no tenemos más remedio que constatar que el gobierno y el Estado, sea con el PP o con el PSOE, niegan a la soberanía catalana los derechos políticos democráticos a decidir sobre su realidad estructural institucional y sobre como pactar con el Estado. El 11 de septiembre de 2012 culminó una movilización, pueblo a pueblo, durante todo el verano en una nueva multitudinaria manifestación que situaba en el tapete el tabú de "Libertad, Independencia, Nuevo Estado de Europa". Los sindicatos catalanes, con CCOO y UGT delante, aportaron la componente social y el clamor popular en contra de los graves recortes del gobierno de CiU. Por esto, la impugnación del gobierno Rajoy de la Declaración de Soberanía y la suspensión del Tribunal Constitucional son un acto de gran calado político que cierra las alternativas de negociaciones y pactos. El gobierno de Rajoy, la Judicatura, las Fuerzas Armadas, ni siquiera pretenden negociar, sólo imponer sus condiciones. Esto recuerda el lema del 15M "le llaman democracia, pero no lo es". En concreto, lo que el Tribunal Constitucional, con la Constitución de 1978 en la mano, no acepta es que "el pueblo de Cataluña es un sujeto político y jurídico soberano", tampoco todo lo relativo a una consulta sobre el tema; aún menos todo lo que pudiese derivar hacia un Estado propio catalán. No aceptar la soberanía, ni las decisiones de un pueblo, es la negación de la democracia. Puede haber muchas disquisiciones y dictámenes sobre la base jurídica de la soberanía ciudadana y popular. Puede argumentarse sobre las soberanías compartidas. Puede afirmarse que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, con su representación única en las Cortes. Se puede también señalar que Cataluña seguirá supeditada al Estado español o lo será directamente a la UE de Bruselas, el BCE y el gobierno alemán de Merkel. Pero cuando un pueblo ha mostrado repetidas veces su deseo de decidir sobre sí mismo, no querer reconocer el conflicto entre soberanías es de ciegos. El choque entre legalidad y legitimidad, el choque entre soberanías, está servido. La reivindicación frente a esta involución democrática tiene un doble aspecto en el Estado y en Cataluña, Euskadi, Navarra y Galicia. Supeditar la vertiente democrática a lo social, o el hecho social al nacional, es estrellarse contra el muro de cada pueblo; diluir, o intentar negar o ir en contra de, la soberanía nacional para afirmar la prioridad de lo social es confundir vertientes diferentes, como si sólo existiera una soberanía neutral que resulta ser española. ¿Es o no la soberanía española un sujeto político y jurídico soberano precisamente nacional? Por lo menos está explícito en la letra y el fondo de la Constitución española. Por ello el Tribunal Constitucional ha podido tumbar la renovación del Estatuto y suspender la declaración de soberanía del Parlamento catalán. La legalidad española se reafirma como soberanía nacional española y para reafirmarse niega la soberanía nacional catalana, vasca y gallega. ¿Reforma o ruptura constitucional? El Estado no quiere ceder ante un escenario político que pudiera legitimar un proceso constituyente catalán, con una independencia o una separación momentánea para abrir paso después a unas nuevas relaciones más igualitarias de tipo federal o confederal. El Estado español excluye la posibilidad de un Estado catalán, y por supuesto aún más decididamente de una República catalana. La única perspectiva constitucional aceptable para el Estado español, y por las fuerzas políticas españolas como el PP y también el PSOE, es la unión obligada, por Ley. Cumplir con el anhelo popular de las manifestaciones, o con la decisión del Parlamento de Cataluña compromete a no acatar la decisión del Tribunal Constitucional, obliga a denunciar la impugnación del gobierno español, como antidemocrática, involucionista y un golpe grave a las libertades de Cataluña. La suspensión del TC de la Declaración de Soberanía es de hecho una “cacicada”, en la que una decisión de doce magistrados se sitúa por encima de un Parlamento que representa al pueblo catalán, y se arroga un poder que sólo debe recaer sobre el pueblo catalán. Quienes esgrimen ahora una reforma constitucional como solución al conflicto de soberanías están más en el limbo que en la realidad política. La reforma no es posible cuando no la quiere el PP y el PSOE no oculta que cuando habla de reforma constitucional “federal” tampoco reconocería el derecho a decidir y a Cataluña como nación soberana. Este es precisamente el “gran escollo” entre el PSOE y el PSC para poder presentar conjuntamente una propuesta “federal”. Propuesta que, además,  no se apoya ni pretende apoyarse en una movilización popular para que España se transforme en un Estado plurinacional, como sí ocurre en Cataluña por el derecho a un Estado propio. Se necesita también un proceso de ruptura constituyente en España y esto supera en mucho una reforma. Un proceso de procesos constituyentes catalán, español y europeo. Ni la monarquía, ni el bipartidismo instaurado, pueden resolver la crisis ni las necesidades sociales y políticas españolas. La necesaria movilización por el Estado federal y la República española, ha de ir acompañada de la perspectiva de una federación o confederación de Repúblicas, para permitir establecer las alianzas vitales con las izquierdas nacionales. La consulta, vital para la convivencia democrática Es significativo que Nuet, diputado catalán a Cortes por La Izquierda Plural, señale que el Parlamento ha de "continuar con su tarea para definir la consulta por el derecho a decidir, el cuándo, el cómo y el qué se debe preguntar" y hacer todo lo posible para "implicar a todas las fuerzas políticas que defendemos este derecho democrático, pero también a organizaciones sociales, sindicales y ciudadanas para ensanchar el derecho a decidir". Para empoderarse, la sociedad civil tiene que defender también en la calle el ejercicio del libre derecho a decidir del pueblo de Cataluña. El Parlamento y el gobierno catalán no tienen suficiente fuerza. En la reciente cumbre convocada por el gobierno de Mas no había plan para la Consulta. El liderazgo de CiU es pernicioso para Cataluña, con unos presupuestos y unas medidas de recorte que destruyen las condiciones de existencia de la población y al país. La consulta es el nexo de unión entre la capacidad de los distintos pueblos de entenderse, y también de no dividirse por sus respectivas pertenencias nacionales en el seno de cada población. Lo democrático es que sea la ciudadanía y la población quien decida. La realidad soberana democrática es la verdadera concepción republicana. Para desprenderse de unos gobiernos perniciosos es necesaria la alianza entre la izquierda española y las izquierdas trabajadoras y soberanistas nacionales.  Cada pueblo soberano debe ser quien decida si quiere un único Estado español, o una federación de Estados, la confederación  o que no haya ninguna relación. David Companyon i Costa es miembro del Consell Nacional d’Esquerra Unida i Alternativa y diputado por la coalición ICV-EUiA en el Parlamento catalán. Francesc Matas Salla es consejero de acción política de EUiA. sinpermiso