Las ideas colectivas
recogidas en esta aportación ofrecen opiniones, reflexiones y matices con la
convicción de que permitan desarrollar un mejor argumentario y posición
política de IU ante un hecho siempre controvertido como es el del modelo de
Estado, máxime al encontrarse sobre la mesa la propuesta de consulta en
Catalunya para el próximo 9 de noviembre. Propuesta avalada por la izquierda
junto a casi dos tercios de las actuales fuerzas del Parlamento catalán y
sustentada por una movilización masiva, transversal, pacífica, popular y
democrática que ha generado espacios nuevos como la Asamblea Nacional Catalana
y movilizaciones desconocidas hasta el momento, como la de los 10 de julio de
2010, 11 de septiembre de 2012 y 2013 (21% de la población).
Frente a ello cabe
preguntarse: ¿Ayuda esa reclamación a nuestros objetivos asamblearios y a los
del conjunto de la gente trabajadora? ¿Favorece la unidad real de las personas
oprimidas? ¿Qué actitud debe tomar la izquierda española ante una consulta que
emana de una gran movilización y aspiración del pueblo de Cataluña a
autodeterminarse? ¿Qué acuerdo común puede haber entre todas las izquierdas del
actual Estado español (española, catalana, vasca, gallega)?
LA FORMA DE LA LUCHA
HOY
Nos hallamos en un
momento de gran dificultad de la izquierda social y política, dificultad que
afecta directamente a cómo se vive y se afronta la actual crisis económica y su
reflejo institucional. Para la inmensa mayoría, la crisis es una pérdida
general de derechos (empleo, salario, educación, sanidad, valor de la
representación política y el voto, etc.), es decir, una gran “degradación de la
democracia”, de derechos ganados que se encogen y recortan. En consecuencia, la
movilización en esta etapa representa una movilización contra los recortes
(defensiva en su forma) y, por su programa y objetivos, se despliega como un
gran esfuerzo de regeneración democrática. Dicho de otra manera, son las
“imperfecciones del sistema”, sus inconsecuencias democráticas, las que
protagonizan el eje de la disputa. La causa de las enormes desigualdades que
existen no reside aún, a los ojos de la mayoría, en el efecto del conjunto del
sistema y de la contradicción entre capital y trabajo. Para la mayoría
movilizada, la causa se halla en la falta de igualdad ciudadana y constituye un
problema de derechos en la democracia, no un problema del capitalismo, incluida
su representación democrática. Así, la respuesta a los recortes reviste todavía
una forma, si bien muy legítima y real, también muy parcial, de carácter “sólo
democrático” y no socialista. Como nos enseña la historia del movimiento
obrero, ello no significa que el reclamo sea menos vigoroso o que tenga menos
potencial transformador, sino que plantea a la izquierda consecuente la
obligación de esmerar su propuesta si quiere liderar el proceso y el conjunto
de fuerzas sociales diversas que en él concurren.
EL ORDEN DE LOS
FACTORES Y EL PRODUCTO
Nuestra décima
asamblea en su declaración de noviembre de 2012 sostiene en su propuesta de
modelo de Estado: “la construcción de una república federal y solidaria que
incorpore el derecho a decidir de los pueblos que la componen”. Así mismo, en
dicha declaración se señala que “hay un agotamiento y desmantelamiento de la
Constitución del 78”. Por otra parte, pero vinculado estrechamente a lo
anterior, la propia declaración pone de manifiesto la necesidad de: “un proceso
de acumulación de fuerzas políticas, sociales y sindicales que culmine en el
desarrollo de un proceso constituyente con la máxima implicación de la mayoría
social trabajadora”.
En Izquierda Unida y
en el conjunto de sus federaciones estamos trabajando con acierto para levantar
un bloque político y social que haga viable y acelere las declaraciones
mencionadas, un frente unitario y forzosamente plural que sume el máximo
posible de actores para derrotar la política neoliberal. Sin esa adición, que
abarca a la clase obrera así como también a otros sectores populares, incluidas
capas sociales intermedias y del pequeño empresariado, resulta imposible vencer.
Es necesaria una gran unidad, unidad que se construye en la propuesta, y unidad
que se construye también a través del reconocimiento de la diferencia y la
pluralidad.
Andreu Nin expresaba
a principios del siglo XX lo siguiente: “El problema social no es una simple
cuestión de estómago. En todo caso, el problema exclusivamente económico será
el fundamental, constituirá el alma del socialismo, sin el cual éste no tendría
razón de existir; pero no deja de representar más que un aspecto — claro está
que el más importante — de la cuestión social...”
La cuestión nacional
forma parte de la cuestión social de la que Nin, con toda razón, hablaba y se
corresponde dentro de la misma a los elementos de conciencia democrática, de
conciencia ciudadana y, por lo tanto, debe ser respondido por quienes
trabajamos a favor de las personas oprimidas. De la misma manera que encaramos
cualquier reivindicación democrática: libertad de asociación, palabra, prensa y
reunión; voto femenino; aborto libre y enseñanza laica, o República entre
otros.
La vida es siempre
más complicada que los planes, lo que impone la necesidad de exponer una
política que permita, en unas condiciones dadas, llenar el agujero que existe
entre el plan y la vida.
Llenar ese “hueco” es
lo que hace la izquierda transformadora en Cataluña cuando se suma e impulsa el
bloque político y social que defiende el derecho a decidir. Por su parte, CCOO
y UGT de Catalunya, los sindicatos más numerosos de todo el Estado, también
ayudan decididamente a llenarlo al hacer suya igualmente la consulta y las
preguntas que en ella se plantean. Se responde así a una profunda realidad
social que deviene de una desigualdad económica y política intensamente sentida
-particularmente explícita en lo cultural y lingüístico- buscando una salida
progresista e incluso transformadora frente al actual régimen.
La historia demuestra
que, precisamente, esos otros aspectos de lo social (por ejemplo, la lucha por
los derechos democráticos bajo una dictadura) son aquellos que dominan muchas
veces la escena, y por ello somos conscientes de que la igualdad entre pueblos,
entre personas, lenguas, culturas, sexos y orientaciones sexuales resulta clave
para la construcción del bloque político y social por el que pugnamos.
La historia también
nos ha mostrado que la burguesía o los sectores explotados no son ni social, ni
políticamente homogéneos y que cualquier iniciativa que aspire a gobernar o
trascender el sistema no puede evitar tal hecho. Al contrario, la diversidad,
transformada en muchos casos en división, domina la escena a cuenta de la
oligarquía con demasiada frecuencia. Sustituir división por unidad entre la
gente oprimida y aprovechar ésta para avanzar en la propia división en las
filas del poder constituye parte esencial de la política.
En el Reino de
España, los sectores dirigentes de la burguesía, especialmente la financiera,
pero también la más ligada parasitariamente a lo público o a las áreas
energéticas (incluida la catalana), son contrarios al derecho a decidir y
tienen en el PP a su abanderado y en el PSOE de Rubalcaba a un fiel escudero.
Ahora bien, esa burguesía catalana, que resulta fundamental para la estabilidad
del orden nacido tras el fin de la dictadura, se halla dividida ante ese
derecho a decidir. Si bien su sector más poderoso -pero menos numeroso- lo
rechaza, las capas más empobrecidas, junto a la mayoría de los sectores
trabajadores, lo apoyan, y con ello debilitan a ese sector más poderoso. Así,
reman contra los límites del orden de la Constitución de 1978, abriendo a la par,
si sabemos aprovecharlo, el camino hacia formas democráticas del Estado
fundamentales para el avance social ante esta crisis. Nos referimos a esa
república, libre unión de repúblicas, federación o confederación de repúblicas;
es decir, a formas libremente aceptadas que implican solidaridad e igualdad
entre pueblos y personas y que superen final y positivamente el actual
ordenamiento monárquico que beneficia a la banca y su alternancia bipartidista.
El orden de los
factores que la confrontación entre las clases nos pone sobre la mesa no es el
de nuestra declaración de 2012, sino otro, en la que el derecho a decidir se
coloca primero. El reto de la izquierda transformadora en el Estado es ver si
con ese orden de factores podemos llegar al mismo resultado; dependerá de
nosotros y de nuestra lucha por llenar el “hueco” que se abre entre vida y
programa/plan aprovechar la oportunidad que se nos pone delante.
Afirmamos que la
legalidad española actual no debe ser usada para impedir la Consulta, sino que
debe usarse, en todo caso, para llegar a un acuerdo que permita la realización
de la misma. Para ello es vital, por algo que va más allá de los números de
nuestros votos, la posición política de IU y del Grupo Parlamentario de la
Izquierda Plural a favor de la realización de la Consulta en Cataluña y aceptar
lo que libremente decida la ciudadanía en esta comunidad autónoma.
Con ello, claramente
se afirma con toda justicia que la legalidad de 1978 no debe imponerse sobre la
legitimidad de la demanda ciudadana y popular de Cataluña.
Nuestra asamblea
federal afirmó la necesidad de acumular fuerzas para superar una legalidad, la
nacida de la Constitución de 1978, que avanza a pasos agigantados hacia su
obsolescencia, incapaz de satisfacer, tras el estallido de la crisis, ni las
demandas económicas y sociales que garanticen los mínimos derechos como
sanidad, educación, empleo o vivienda, ni las aspiraciones de soberanía y
libertad de los pueblos encorsetados dentro de una legalidad autonómica
totalmente superada por la sana aspiración de una consulta como la de Cataluña,
convocada para ejercer el derecho de autodeterminación.
El descrédito de la
Monarquía española es real e importante, pero no existe todavía una
articulación popular masiva, un movimiento de masas por la necesaria legalidad
republicana. Dar pasos prácticos para conseguirlo para nuestra IU, que aspira
ello, implica acumular fuerzas y articular un bloque político y social que
parta de la movilización social contra los recortes y de las aspiraciones y
movimientos de masas que sí se están produciendo por la libertad nacional de
los pueblos hoy oprimidos en el Reino de España. La población trabajadora es la
más interesada en que el proceso democrático y libre que hay tras “el derecho a
decidir” se vincule decididamente a la introducción de nuevas legalidades
constituyentes que recojan en su misma esencia las actuales necesidades y
reivindicaciones económicas y sociales de la mayoría de la población contra la
gran banca y la oligarquía que nos gobierna a golpe de troika.
Dicho de otra manera,
la población trabajadora y la izquierda española necesitan aliarse con la
población y la izquierda catalana, así como la vasca, para hacer un bloque
amplio de ruptura a favor de los nuevos procesos constituyentes. El pueblo trabajador
de Cataluña y del País Vasco necesita aliarse con el del conjunto del Estado
por la misma razón. La división entre los pueblos y poblaciones, liderada desde
los poderes estatales y el bipartidismo, así como las nefastas políticas
económicas de las respectivas burguesías española catalana y vasca, perjudican
a la población trabajadora en el Estado y a su solidaridad. Una ruptura con la
Constitución y el Reino de España abre las puertas a relaciones libremente
acordadas desde cada soberanía ciudadana popular.
Trabajaremos, por
consiguiente, apoyándonos en todos los esfuerzos sociales y políticos para
acumular fuerzas en la movilización y en las instituciones para lograr abrir
las puertas a una nueva legalidad en España y en sus pueblos y naciones con procesos
constituyentes diversos que puedan confluir desde cada realidad y conciencia
popular de cada territorio.
IU ha de fomentar una
cuña entre el PSOE y el PP para que no haya un frente de salvación nacional
contra los pueblos del Estado, en concreto contra los pueblos de Cataluña y el
País Vasco. Las alianzas prácticas posibles entre pueblos tienen hoy un primer
elemento político en la alianza entre las izquierdas federales de libre
determinación, las soberanistas e independentistas.
UNIDAD
Ciertamente, las
similitudes entre las personas trabajadores de los distintos territorios del
Estado son evidentes y superan con creces las diferencias que pudieran existir.
A pesar de ello, su unidad como clase no está ganada, y las razones de esa
falta de unidad son de orden diverso. En todo caso, está claro que el capital
trabaja para fragmentar a la población trabajadora mediante la profundización
constante y consciente de las diferencias realmente existentes entre las
personas. Conseguir la unidad exige una propuesta política que permita
superarlas, pero dicha propuesta, para ser real, debe partir de reconocerlas,
no de negarlas. Ese problema, que resulta muy evidente cuando se habla de etnia
o de identidad de género, se oscurece enormemente al referirse a la realidad
democrática y cultural diversa de la población. El debate sobre el derecho a
decidir permite al conjunto de la izquierda transformadora en el Estado avanzar
hacia una propuesta democrática inclusiva que, sobre la base del debilitamiento
de la oligarquía, permita forjar una verdadera unidad entre la gente oprimida.
Esa unidad ha de basarse en la legitimidad de la movilización y aspiraciones
populares, incluidas las libertades nacionales. Una unidad que, como marca el
lema de la revolución francesa, sólo resulta posible a partir del orden que
ella misma estableció: Libertad, igualdad y fraternidad. Sin la primera, la
segunda es inviable. Sin la segunda, la solidaridad y la unidad plenas son
imposibles.
Imponer unidades
territoriales no une más a los trabajadores, ni los uniformiza; en cambio, su
libertad, sí. Defenderla, por tanto, en todas sus variantes es clave para
construir esa unidad tan reclamada e imprescindible.
LOS RECURSOS
NECESARIOS
El peligro
fundamental para la fraternidad, solidaridad e igualdad entre las personas y
pueblos del actual Reino de España no radica en la aspiración de
autodeterminación de los pueblos oprimidos sino en el neoliberalismo. Es
imposible avanzar hacia mayores niveles reales de igualdad y convergencia entre
las personas y entre los distintos territorios, sin avanzar medidas contra la
brutal y creciente concentración de riqueza y su consecuencia, el
empobrecimiento generalizado de la población.
Quienes vacían la
caja única de la Seguridad Social son los mismos que congelan el salario
mínimo, recortan pensiones, malvenden el patrimonio público, recortan
prestaciones por desempleo, regalan dinero a espuertas a la banca o expulsan a
un millón de personas del servicio público de salud.
El problema de la
financiación autonómica y municipal, el colapso hacia el que avanzan la
sanidad, la educación, la dependencia, el conjunto de las políticas sociales o
las finanzas municipales no radican en el “egoísmo y miseria” de unos
territorios contra los otros. No se deben a falta de solidaridad, sino a
razones de fondo situadas en el diseño neoliberal de todas las políticas
sociales llevadas a cabo en el Estado tras la transición. Un diseño
profundizado por el lugar que la gran burguesía dibujó para España en su
incorporación a la Unión europea y en el que su estructura productiva,
impositiva y la del propio Estado iban a estar condicionadas a las necesidades
de someter lo público al interés del gran capital. En esas condiciones,
sectores concretos del propio capital se han encargado de atacar la unidad de
la gente oprimida a través de mensajes populistas, ya sea contra los derechos
de los pueblos, ya sea contra los de los pobres. Esos sectores son quienes se
aferran sin cambios a la Constitución de 1978, al bipartidismo y la unidad
forzada actual que les permite profundizar en la desigualdad y degradar la
democracia.
Llevar a cabo una
política justa y con recursos suficientes que potencie los derechos de las
personas en todos los territorios, que comparta la solidaridad, que dé lugar a
un municipalismo potente y reconozca los derechos de los pueblos del Estado
exige inevitablemente un nuevo orden, una libre relación de unión, una
federación o confederación de repúblicas. Orden para el que, desgraciadamente,
no hay atajos ni fórmulas mágicas para llegar dentro del actual Reino de
España.
Por todo lo anterior,
llamamos a apoyar decididamente las propuestas y movilización de las
organizaciones sindicales de clase y de la izquierda transformadora en Cataluña
en su apuesta por el derecho a decidir. Reconocemos en ello un paso muy
importante a favor de la política aprobada en la última Asamblea Federal.
Reclamamos que sólo
la máxima libertad de pueblos y personas está en condiciones de extender la
solidaridad y la igualdad plena. En este sentido, consideramos que IU debe
defender con claridad que la propuesta federal sólo es posible sobre la base de
la plena libertad de cada parte. Es decir, a partir del ejercicio del derecho
de autodeterminación, de la soberanía plena de los pueblos que componen el
actual Reino de España.
Dentro de tales
conflictos la liberación de los pueblos oprimidos, el deseo de plena igualdad
de su ciudadanía con la del resto ha demostrado, a lo largo de la historia, jugar
un papel fundamental en el avance de la unidad de la clase trabajadora y del
conjunto de la democracia y los derechos en el mundo.
Presentan esta
Aportación:
Miembros del Consejo
Político Federal:
Francesc Matas Salla
(co-portavoz Redes), Laura Blázquez (co-portavoz Redes, Alcaldesa de
Navalagamella), David Companyon (Diputado en Cataluña de la coalición
ICV-EUiA), Cari Baena (CPR IU-CM) y Alba Aguilà (CN EUiA). Àngels Tomás (Comité
Ejecutivo PIE por EUiA). Imma González Cervantes (Comisión Federal Finanzas).
José Antonio Mesamora (Presidencia y Ejecutiva federal IU, CUT).
Miembros del Consejo
Político Regional (Madrid):
Carlos Girbau, Haday
López, Javier Cobo, Alba García, Manuel Arcones y Mónica Diotto.
Madrid, 14 de Enero
de 2014.
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