NO HAY QUE ACATAR LA SENTENCIA SOBRE EL ESTATUT
HAY QUE EXIGIR EL DERECHO A DECIDIR
Un Tribunal Constitucional deslegitimado y caducado que ha tardado 4 años en tomar una decisión ha decidido contra el pueblo de Catalunya, contra su Parlament e incluso contra lo aprobado en las Cortes españolas.
La sentencia del TC recorta derechos básicos: no reconoce que Catalunya es una nación, ni el derecho preferente de la lengua catalana, ni desarrollar su propia justicia y decisiones en el ámbito económico y, sobre todo, resalta la preeminencia del Estado español, la “indisoluble unidad” de España.
El PP, la derecha centralista española, y la institución judicial, producto de un pacto entre PP y PSOE, han logrado una decisión antidemocrática, contra lo decidido por el pueblo catalán, que es además un retroceso, una vuelta atrás, en las relaciones entre Catalunya y el resto del Estado. Unos jueces que no han sido elegidos democráticamente no tienen ningún derecho para echar atrás lo que ha decidido un pueblo.
Por eso no hay que acatar la sentencia. No basta con decir que no se comparte la sentencia o que no se está de acuerdo con ella. Hay que ir más allá. Si Catalunya aprobó un Estatut (que ya había sido recortado), si el Parlament le dio su apoyo… el gobierno de la Generalitat y el Parlament deben cumplir su compromiso con el pueblo. Deben decir alto y claro que no acatarán esa sentencia, que gobernarán y legislarán conforme a lo que el pueblo decidió.
La decisión del Tribunal Constitucional es la última de muchas otras que han ido agotando el pacto de la transición del franquismo, por el que se aceptó la Monarquía y se constituyó el Estado de las Autonomías pero que negó el derecho de autodeterminación. El Estado actual y su entramado institucional está configurado para evitar que lo que el pueblo decida se convierta en ley. Y eso es un evidente recorte de los derechos democráticos.
Se necesita abrir una nueva vía, la del derecho a decidir, el derecho a ejercer la autodeterminación, para que el pueblo catalán pueda decidir la manera en que quiere relacionarse con el resto de pueblos de España.
La movilización es la respuesta. La manifestación convocada el día 10 de julio en Barcelona debe reunir a todo el pueblo contra esa sentencia. A los trabajadores y trabajadores también les concierne. Si dejamos que un Tribunal pisotee lo decidido por el pueblo nunca podremos ser completamente libres. Si se echa para atrás el Estatuto eso también repercutirá en los derechos y servicios para el pueblo trabajador.
La sentencia del Tribunal Constitucional no es sólo un ataque contra Catalunya. La izquierda de todo el Estado español debe también tener una posición activa en defensa de lo decidido por el pueblo catalán.
La defensa de los derechos nacionales no nos hace olvidar la crisis económica que sufre el pueblo trabajador, con los millones de parados o la reforma laboral que quieren implantar. En particular no nos olvidamos de quienes en Madrid han votado la reforma laboral y aún quieren imponer medidas más duras contra el pueblo trabajador. No se puede seriamente defender los derechos nacionales y al mismo tiempo recortar los derechos sociales del pueblo trabajador.
Llamamos a participar activa y masivamente en la manifestación del 10 de julio.
Exigimos que no se acate la sentencia y que se tomen medidas políticas para seguir con la aplicación del Estatut.
Hay que dar pasos adelante para que el pueblo pueda ejercer el derecho a decidir.
Partido Obrero Revolucionario
28 de junio
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